Los trabajadores de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz han anunciado una jornada de paros que se desarrollará el jueves 21 de noviembre. La protesta surge ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo, cuyo desacuerdo ha generado tensiones en los centros de trabajo de Puerto Real, San Fernando y Cádiz capital.
Según lo comunicado por los representantes de la plantilla, las acciones reivindicativas tendrán una duración de 24 horas en Puerto Real y San Fernando, mientras que en Cádiz capital se limitarán a dos horas.
José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa de Navantia en Cádiz, explicó que el paro parcial en la capital gaditana se planteó de manera estratégica para no perjudicar en exceso el desarrollo del negocio principal del astillero. En declaraciones recogidas por Europa Press, Bolaños señaló que la intención es evitar “repercusiones demasiado negativas” sobre las operaciones de reparación de buques y cruceros, un sector clave para el astillero, cuya actividad se encuentra ligada a plazos de ejecución más cortos.
El presidente también destacó que esta medida pretende ejercer presión sobre las negociaciones en curso, sin perjudicar de forma drástica los compromisos adquiridos por la empresa en cuanto a reparaciones y entregas, que son fundamentales para mantener la competitividad de los astilleros gaditanos en el mercado.
Convocatoria a nivel estatal con impacto en toda la Bahía
En los centros de Puerto Real y San Fernando, el paro será total, afectando a las tres franjas de trabajo (mañana, tarde y noche). Según se estableció, la interrupción laboral comenzará a las 07:00 horas del 21 de noviembre y se extenderá hasta las 07:00 horas del 22 de noviembre. Esta medida es parte de una movilización que no se limita a la Bahía de Cádiz, ya que forma parte de un calendario de acciones convocadas a nivel estatal por el comité intercentros de Navantia.
El comité intercentros ha señalado que las negociaciones del nuevo convenio colectivo siguen desarrollándose en paralelo a estas protestas. Sin embargo, el estancamiento en las conversaciones ha llevado a la necesidad de mostrar fuerza a través de estas movilizaciones, como una forma de presionar a la dirección de la empresa para alcanzar acuerdos que beneficien a la plantilla.
Las demandas del nuevo convenio colectivo
Actualmente, los trabajadores de Navantia operan bajo el amparo de un convenio colectivo prorrogado desde el año 2022. La propuesta presentada recientemente por la empresa para un nuevo convenio no ha sido bien recibida por la plantilla, que la considera insuficiente en términos laborales y salariales. Según fuentes sindicales, el documento presentado no refleja adecuadamente las expectativas de los trabajadores ni responde a las necesidades reales del sector.
Entre las demandas de la plantilla se incluyen mejoras salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, además de garantizar una mayor estabilidad laboral y condiciones que fomenten el desarrollo profesional. También se reclama una revisión de las cláusulas relacionadas con la externalización de servicios, un punto especialmente sensible en un contexto en el que los astilleros se enfrentan a una creciente competencia internacional.
Un paro en un momento clave para los astilleros
La situación se produce en un momento crucial para Navantia, que tiene un papel destacado en la industria naval española y cuya actividad económica es vital para la Bahía de Cádiz. Los astilleros de Puerto Real, San Fernando y Cádiz generan un impacto significativo en el empleo directo e indirecto de la región, además de ser un motor económico para numerosos sectores asociados, como la logística, los servicios técnicos y los suministros industriales.
Por ello, cualquier interrupción en las actividades de Navantia genera preocupación entre las autoridades locales y autonómicas, que han expresado su interés en que las negociaciones entre la empresa y los trabajadores lleguen a buen puerto lo antes posible. En este contexto, el paro del 21 de noviembre será una prueba de fuerza para ambas partes, y su impacto podría marcar un punto de inflexión en las conversaciones del nuevo convenio colectivo.
