El mundo administrativo y legal a veces tiene vericuetos y realidades difícilmente comprensibles para el resto de personas. Es el caso de Tamara Manzano, que tiene una orden de lanzamiento de la casa de Procasa en la que vive pese a que el propio Ayuntamiento le ha reconocido su situación de vulnerabilidad para este caso, aunque la jueza lo ha rechazado.
Tamara no quiere ser una okupa, se ha visto obligada a entrar en una vivienda que, asegura, no estaba asignada a nadie. Fue ella misma la que avisó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de que había entrado en esta vivienda y pidió que le pusieran un alquiler social. Es lo que pide, lo que necesita, un techo para ella y sus dos hijas menores después de una trayectoria vital de enfermedades, malos tratos psicológicos y amenazas.
El 1 de abril, Tamara podría quedarse en la calle. A sus 46 años y con dos hijas a su cargo de 12 y 15 años, se enfrenta a este desalojo de la vivienda en la que ha estado residiendo desde hace un año, propiedad de Procasa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, ubicada en la Barriada de Guillén Moreno. Su caso es una paradoja del sistema: el mismo Ayuntamiento que le otorgó un documento reconociéndola como vulnerable ante el juzgado, ahora no le ofrece ninguna solución para evitar que pierda su hogar.
“Esto es un papel de vulnerabilidad que me hizo el alcalde para el juzgado”, explica Tamara, mostrando el documento que acredita su situación. Sin embargo, la jueza ha desestimado la consideración porque en el informe no se especifica que se le adjudicará una vivienda. “Como no pone que me van a adjudicar una vivienda, pues no sirve”, lamenta.
A Tamara no le acompaña la suerte. Su marido la sometía a maltrato psicológico, “cuando me lavantó la mano, ya con los papeles de divorcio, cogí a mis dos niñas y me fui de mi casa”. En casa de su madre eran ocho y “la asistenta social nos dijo que o salíamos adultos o sacaba menores. Y yo acababa de llegar”. Con una nueva pareja entró, a la desesperada, en una vivienda de un bloque en la calle Feduchy. Al fallecer él, comenzó a sufrir acoso, que le obligó a dejarla. Ha sufrido también un cáncer de mama. Y hace un año encontró esta casa que ocupa. “Era para otra persona, pero no la quiso al final. Y sé que no estaba asignada para nadie en Procasa”, comenta.
Por eso, no niega que entró en la vivienda de forma irregular. Tras haber vivido en otra casa en condiciones precarias y sufrir acoso por parte de un vecino, decidió ocupar este piso. Pero lo hizo con intención de regularizar su situación: fue ella misma quien llamó a Procasa para informar de su acción y pedir pagar un alquiler. La respuesta que recibió fue que la vivienda ya estaba adjudicada a otra persona, aunque con el tiempo se ha demostrado que nunca llegó a estarlo. “Esta casa estaba en obras cuando yo entré, he tenido que poner un suelo, la terraza sigue en obra”, señala.
La alternativa de regresar a la casa de su madre no es viable. “En apenas 80 metros conviven 8 personas”, explica. Sus ingresos provienen del ingreso mínimo vital, lo que hace imposible acceder a un alquiler en el mercado libre en una ciudad como Cádiz, donde los precios son inalcanzables para muchas familias en situación vulnerable.
Problemas de salud y una operación inminente
A la incertidumbre sobre su futuro se suma un problema de salud grave. Tamara está pendiente de una operación tras haber sufrido cáncer de mama que le realizarán entre abril y mayo. “Si no tengo casa, necesito unos cuidados donde alguien me atienda”, advierte.
Mientras el desalojo se acerca, el Ayuntamiento no le ha ofrecido ninguna solución. Ha intentado obtener respuestas en Procasa y en Asuntos Sociales, pero las gestiones han sido infructuosas. “Voy como una pelota: de allí me mandan aquí y de aquí me mandan allá”, denuncia. Señala que su caso lo conocen en Asuntos Sociales, en la propia alcaldía, donde ha pedido ser recibida del urgencia por el Alcalde, Bruno García. “Su secretaria sabe toda esta situación, pero no me han dicho nada aún y el 1 de abril se me echa encima”.
Se encuentra en el 112 de la lista de Procasa y relata que al perdir la excepcionalidad, “tras una primera valoración que parece que me alcanzaba, tras una conversación entre Asuntos Sociales y Procasa me la revisaron y bajó doce puntos”.
En el centro de educación secundaria en el que estudian sus dos hijas también creen que lo mejor para las menores es que sigan en esta vivienda, ya que a partir de su entrada, las niñas han mejorado sensiblemente en todos los aspectos acadmédicos y de asistencia.
El respaldo vecinal y el acompañamiento de Las Desamparadas
A pesar de la incertidumbre, Tamara no está sola. Sus vecinos (del propio edificio y de los cercanos) han recogido más de 200 firmas para evitar su desalojo, mostrando su apoyo y solidarizándose con su situación. Además, cuenta con el acompañamiento de la Asociación Las Desamparadas, que ha estado visibilizando su caso y brindándole apoyo.
“Yo lo único que quiero es pagar un alquiler social, algo que pueda asumir”, insiste Tamara. “No quiero que me regalen nada, solo una vivienda digna para mis hijas”.
Con el 1 de abril cada vez más cerca, su historia representa la lucha de muchas familias que, a pesar de tener un reconocimiento institucional de su vulnerabilidad, siguen sin encontrar una solución habitacional justa en Cádiz.
