El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha abordado por primera vez públicamente el caso de Tamara Manzano, la madre que se enfrenta un desalojo el próximo 1 de abril de una vivienda de Procasa a pesar de que el propio Ayuntamiento reconoció su situación de vulnerabilidad.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, García defendió que la asignación de viviendas sociales se rige por un criterio técnico basado en una lista de demandantes y que ”no puede haber privilegios por ocupar un espacio público”. Además, acusó a la oposición de querer obtener rédito político con este caso y de generar una imagen falsa sobre la gestión municipal de la vivienda.
Aunque el alcalde reconoció la dureza de la situación de Tamara, recalcó que hay más de 100 personas por delante en la lista y que su obligación es respetar ese orden. Además, aseguró que el Ayuntamiento le ha ofrecido una pensión temporal mientras se busca una alternativa a largo plazo.
Bruno García explicó que Tamara ha sido atendida tanto por él como por los servicios de Asuntos Sociales y que el Ayuntamiento ha solicitado al juzgado la paralización del desalojo hasta encontrar una solución. “Esta persona ocupa un espacio público, una vivienda pública, y sobre esa ocupación el Ayuntamiento, que tiene que velar por los derechos del espacio público, ha actuado”, afirmó el alcalde.
García defendió que, aunque el Consistorio está tratando de encontrar una solución para Tamara, el proceso de adjudicación de viviendas sociales en Cádiz sigue unos criterios técnicos que no pueden alterarse. “La fórmula en la que este Ayuntamiento otorga las viviendas es un criterio absolutamente técnico, donde se tiene en cuenta la situación personal de cada una de las personas que están registradas en la lista de demandantes de vivienda”, explicó.
El alcalde insistió en que la existencia de una lista de espera es un principio de justicia social, ya que asegura que todas las personas en situación de vulnerabilidad sean evaluadas bajo los mismos parámetros. “Cada persona tiene una puntuación, y si hay 100 personas por delante, yo tengo que cuidar que esas 100 personas tengan su derecho garantizado. La presión o la ocupación no pueden ser un criterio de acceso preferente”, sentenció.
Una pensión como alternativa inmediata
Bruno García subrayó que el Ayuntamiento no está siendo indiferente ante la situación de Tamara y que se ha ofrecido una alternativa habitacional inmediata: una pensión temporal mientras se trabaja en una solución más estable. “Estamos buscando una solución a corto plazo, que pasa por una pensión y luego ayudas al alquiler”, indicó.
Según el alcalde, este procedimiento es el que se sigue en otros casos de emergencia habitacional en Cádiz, permitiendo que las personas afectadas dispongan de un alojamiento mientras se estudian otras opciones. Sin embargo, no detalló qué medidas concretas se están considerando para garantizar que Tamara acceda a una vivienda estable.
La defensa de la lista de espera: “Cada número tiene una historia de sufrimiento”
En su intervención, García mostró un documento con la lista de demandantes de vivienda, tachando los nombres para proteger su privacidad. “Esta lista existe y cada número representa una persona, una familia, una historia de sufrimiento. No podemos saltarnos este orden porque estaríamos perjudicando a quienes también necesitan ayuda”, argumentó.
El alcalde insistió en que el sistema de adjudicación de viviendas en Cádiz es más social que el de otras ciudades, donde se han utilizado métodos como sorteos. “Nosotros hemos decidido que sea un sistema de puntuación basado en criterios sociales y de necesidad real. Eso es lo que garantiza que la adjudicación sea justa”, afirmó.
García también quiso dejar claro que la oposición política no puede usar este caso para presionar al Ayuntamiento a saltarse el procedimiento. “Lo que no entiendo es que el PSOE quiera hacer de esto un rédito político. ¿Acaso me están pidiendo que me salte la lista? ¿Esa es la solución que proponen?”, cuestionó.
Comparación con la gestión anterior y la crítica a la oposición
El alcalde aprovechó su comparecencia para comparar su gestión con la del anterior equipo de gobierno de José María González ‘Kichi’, asegurando que el Ayuntamiento bajo su mandato inició 20 procesos de desahucio en viviendas de Procasa entre 2015 y 2023, de los cuales tres llegaron a ejecutarse.
García señaló que los desalojos llevados a cabo por la administración anterior respondían a impagos de alquiler y no a ocupaciones. Según él, la diferencia radica en que su equipo de gobierno ha tratado de evitar estas situaciones ofreciendo ayudas al alquiler y alternativas temporales. “El gobierno anterior denunció a inquilinos por falta de pago, mientras que en este caso estamos hablando de la recuperación de un espacio público ocupado”, explicó.
Además, el alcalde sugirió que la oposición ha promovido la idea de que en Cádiz se detenían los desalojos, algo que desmintió con documentación de procedimientos judiciales. “A ustedes les han contado que el equipo de gobierno anterior paraba los desalojos, pero no es cierto. Aquí tengo la lista de los procedimientos que se iniciaron, incluyendo tres lanzamientos que sí se ejecutaron”, afirmó.
Tamara sigue esperando respuestas
Mientras el Ayuntamiento defiende su postura y el alcalde recalca la existencia de una lista de espera, Tamara Manzano continúa sin una alternativa clara. La oferta de una pensión no resuelve su situación a largo plazo, y su desalojo sigue programado para el 1 de abril.
Este miércoles, Tamara entregó más de 200 firmas de vecinos y asociaciones que piden que se le permita quedarse en la vivienda. Además, ha acudido a una cita en Procasa para revisar su baremo en la lista de espera, en un intento de mejorar su posición y conseguir una alternativa habitacional antes de quedarse en la calle.
Por el momento, el Ayuntamiento sigue sin ofrecer una solución definitiva, y el tiempo corre en contra de Tamara.
