El Cádiz CF atraviesa una semana tensa, tanto en lo deportivo como en su gestión financiera. El equipo, bajo la dirección del entrenador Paco López, se encuentra en puestos de descenso a Primera RFEF, y la presión sobre su cuerpo técnico crece. Pero a perro flaco todo son pulgas.
Sin embargo, más allá del complicado momento en el terreno de juego, el club tiene otros problemas que resolver. En toda esta delicada situación deportiva, surge una investigación judicial relacionada con el uso de los fondos recibidos del acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC, dentro del marco del llamado Plan Impulso.
Según informa estos días El Mundo, desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, la jueza Rosa María García ordenó el 11 de septiembre de 2024 auditar el destino que el Cádiz CF dio a estos fondos. La investigación responde a una querella interpuesta por Quique Pina, antiguo gestor del club, quien acusa a la directiva de desviar parte de los siete millones de euros recibidos del fondo. Este dinero, que debía destinarse a áreas estratégicas como infraestructuras y digitalización, está ahora bajo el escrutinio judicial.
El objetivo de la auditoría es comprobar si el Cádiz CF realmente destinó el 70 por ciento del dinero a las áreas establecidas en el acuerdo con LaLiga, o si hubo desvíos hacia otros fines. La jueza ha requerido a LaLiga detalles exactos sobre los fondos, incluyendo el número de cuenta y la entidad bancaria donde se ingresó el dinero. Pina sostiene que estos recursos fueron canalizados a través de sociedades controladas por Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, a través de proyectos vinculados a la entidad Gades Sports Technology Industry y al ambicioso proyecto Sportech.
Rafael Contreras y Sportech
El principal foco de las críticas apunta hacia Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF y figura clave en la gestión del club. Según la querella, los fondos habrían sido desviados a través de una serie de sociedades vinculadas a Contreras, lo que incluye a la entidad Gades Sports Technology Industry y al proyecto Sportech. Este proyecto, que en teoría busca innovar en el ámbito deportivo, ha sido señalado como uno de los posibles destinos irregulares de los fondos de CVC.
Contreras no es ajeno a las polémicas financieras. Proyectos anteriores relacionados con su gestión, como Muving —un sistema de motos eléctricas compartidas—, Torrox o el tren bala que iba a unir Andalucía con Madrid, terminaron en fracaso, quiebra o cierre. Estos antecedentes han generado un clima de desconfianza entre muchos sectores del cadismo, que ven en el proyecto Sportech un posible nuevo capítulo de su currículum. Todo lo que se mueve en torno a Rafael Contreras o Contreras entorno a él acaba con esa sombra y, en muchas ocasiones, en quiebra o cerrado.
La respuesta del Cádiz CF
Ante estas acusaciones, el club gaditano ha negado rotundamente cualquier irregularidad en la gestión de los fondos. Desde la entidad aseguran que la querella presentada por Pina carece de fundamento y confían en que la investigación acabará archivándose. A pesar de ello, la auditoría sigue su curso.
Desde el club, creen que este proceso sigue un curso lógico, en cuanto a su admisión, pero que tiene poco recorrido. Así, indican que “el club ya tiene las cuentas auditadas por un auditor independiente y que LaLiga fiscaliza los fondos de CVC y el destino de cada euro“.
Por último, señalan que estas sociedades no son propiedad de Rafael Contreras en exclusiva, sino que son sociedades del Cádiz CF y en el caso de Mar Oceana, independientes del club y del propio Contreras.
