La delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz se encuentra en una situación crítica debido a la falta de personal. Tanto que alertan de un posible desmantelamiento del servicio.
El sindicato UGT como el partido Adelante Izquierda Gaditana han lanzado alertas sobre el posible desmantelamiento de los servicios sociales, lo que tendría un impacto en la atención a la ciudadanía gaditana.
La situación, que ya venía siendo preocupante desde hace tiempo, se ha visto agravada en las últimas semanas con el despido de nueve trabajadores y la falta de cobertura de otras trece plazas, indican ambas organizaciones. Esta situación ha derivado en un aumento considerable de las listas de espera, que en algunos casos alcanzan ya los tres meses, y en un empeoramiento de la calidad de la atención prestada.
Estas organizaciones sindicales y políticas denuncian que la falta de personal no es un problema nuevo, y que se viene arrastrando desde hace años debido a la política de recortes llevada a cabo por el Ayuntamiento. Esta situación se ha visto agravada por la negativa del Consistorio a cubrir las vacantes existentes y a convocar nuevas plazas.
El sindicato UGT ha denunciado la falta de profesionales en la Delegación de Asuntos Sociales, situación que, según ellos, podría llevar al cierre de estos servicios esenciales. “Existe una situación de bloqueo en la Delegación de Personal y la Secretaría General, debido a una disparidad de criterios e interpretaciones, que afecta tanto a la contratación de personal como a la incentivación de los pocos funcionarios que hacen el trabajo”, señala la nota de prensa de UGT.
UGT ha criticado que no se cubran vacantes presupuestadas ni sustituciones por enfermedad, y que no se respeten las figuras legales establecidas para los contratos interinos. En la actualidad, la Delegación sufre la ausencia de 13 puestos técnicos y más de 7 administrativos, lo que hace imposible la tramitación y gestión adecuada de los servicios. “El Ayuntamiento de Cádiz ha pasado de la temporalidad a la precariedad laboral, optando por figuras como ‘la acumulación de tareas’ para cubrir trabajos estructurales”, denuncia UGT.
El sindicato también ha indicado que las citas para atención primaria están retrasadas hasta octubre, afectando a servicios críticos como desahucios, cortes de luz y agua, y otras necesidades básicas. “Nos tememos que las colas del hambre vuelvan, atentando contra la dignidad de la gente y de los servicios públicos”, advierten.
Por último, UGT insta al Alcalde a resolver la situación cuanto antes y a actuar con diligencia para evitar el bloqueo de la actividad municipal y asegurar servicios de calidad a la ciudadanía.
Agilizar atención a la ciudadanía
Adelante Izquierda Gaditana ha señalado que la falta de personal en la delegación de Asuntos Sociales podría provocar el colapso del servicio de atención directa a la ciudadanía, cuyas listas ya acumulan un retraso de hasta tres meses. La concejala del grupo, Helena Fernández, se ha reunido con trabajadoras sociales y representantes de UGT, quienes le han trasladado la preocupación por el próximo despido de nueve personas y la falta de cobertura de otras trece plazas.
Fernández ha criticado la pasividad del concejal de la materia, Pablo Otero, y la falta de diligencia para solucionar el problema. “Estas plazas podrían ser cubiertas perfectamente por el personal que termina ahora sus contratos, ya que hay personal, hay presupuesto y hay marco legal para realizar estas contrataciones”, ha señalado.
Las principales consecuencias de esta falta de personal, según Adelante Izquierda Gaditana, incluyen la falta de atención al público, el aumento del tiempo de espera, la incapacidad para atender desahucios de urgencia y cortes de suministros, y la saturación de las trabajadoras con la tramitación de expedientes. “Es urgente agilizar el servicio de atención a la ciudadanía, mejorar la tramitación de ayudas, reforzar el servicio de orientación a la discapacidad, y facilitar los trámites de las ayudas de la dependencia”, ha afirmado Fernández.
Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de actuar con urgencia para evitar un colapso en los servicios sociales y garantizar la atención adecuada a la población más vulnerable de Cádiz.
