Barcelona eliminará los pisos turísticos en cinco años ¿Podría Cádiz hacer lo mismo?

La decisión de la ciudad condal abre una nueva vía para analizar la capacidad real que tienen los ayuntamientos para regular este fenómeno. Un decreto de la Junta de febrero también puede ser una vía a explorar

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Vista aérea de Cádiz.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una nueva normativa que pone fin a la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos en la ciudad. Además, la nueva ley establece un plazo de cinco años para que los pisos turísticos que ya operan en la ciudad obtengan una licencia definitiva o se regularicen como viviendas de uso residencial.

Se trata de un nuevo marco normativo en un contexto de proliferación de pisos turísticos que está llevando a la denominada turistificación, tanto en Barcelona en Cádiz, donde el fenómeno se ha agudizado más recientemente. Pero, ¿podría Cádiz hacer lo mismo que Barcelona? El nuevo Decreto de Viviendas de Uso Turístico (VUT) de Andalucía, podría darle nuevas herramientas al Consistorio.

La decisión de Barcelona ha abierto el debate sobre la posibilidad de que otras ciudades españolas tomen medidas similares para regular el mercado de los pisos turísticos. En Cádiz, la problemática de la turistificación y el aumento de los pisos turísticos es especialmente acuciante. El caso de María, que iba a tener que abandonar su casa en el barrio del Pópulo hasta la intervención del Cádiz o de un comercio que tuvo que dejar su local son los últimos (o penúltimos ejemplos) en la ciudad. Incluso, se ha puesto en marcha la plataforma Cádiz Resiste para luchar contra los efectos de este fenómeno. Y ha convocado una movilización para el 29 de junio, Y no es la única.

La decisión de Barcelona podría ser un espejo en el que Cádiz se mire para reflexionar sobre su propio modelo turístico. La ciudad gaditana tiene mucho que aprender de la experiencia de Barcelona, tanto en lo positivo como en lo negativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las circunstancias de cada ciudad son diferentes y que no existe una solución única para el problema de la turistificación.

La reciente aprobación del Decreto de Viviendas de Uso Turístico (VUT) por parte de la Junta de Andalucía en febrero de este año ha abierto nuevas interrogantes sobre la situación de los pisos turísticos en Cádiz, especialmente en lo que respecta a las licencias que podrían no estar cumpliendo con la normativa.

¿Qué dice el Decreto VUT sobre la revocación de licencias?

El Decreto VUT establece que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen la potestad de revocar las licencias de VUT que incumplan con los requisitos establecidos en la normativa. Entre los motivos de revocación se encuentran:

No cumplir con las condiciones de habitabilidad y seguridad de la vivienda.
Carecer de la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
No atender las requerimientos de la inspección turística.
Ejercer la actividad sin licencia o con licencia caducada.
Incumplir las normas de publicidad y comercialización.
Perturbar la convivencia vecinal.
¿Es competencia de la Junta o del Ayuntamiento revocar las licencias?

La competencia para revocar las licencias de VUT recae tanto en la Junta de Andalucía como en los ayuntamientos. La Junta tiene la potestad de iniciar expedientes sancionadores y revocar licencias en todo el territorio autonómico, mientras que los ayuntamientos tienen la potestad de actuar en su ámbito municipal y colaborar con la Junta en la inspección y control de los pisos turísticos.

¿Qué se está haciendo en Cádiz?

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha iniciado acciones para revisar las licencias de VUT en la ciudad. En el primer semestre de 2024, ha solicitado a la Junta la baja de 66 de las 112 licencias para viviendas turísticas que se habían solicitado este año, al considerar que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa.

Además, ya pidió que se diera de baja 222 licencias el pasado año. Toda estas anulaciones serían posibles porque el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento gaditano, con José María González, Kichi como alcalde, aprobó un modificación de la normativa urbanística que impedía que se abrieran nuevas VTF (Viviendas con fines turísticos) en fincas de alta protección, es decir, en la mayoría del casco histórico de la capital gaditana.