El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Popular, ha anunciado recientemente que le cortará el suinistro de agua a los pisos turísticos ilegales de la ciudad. Mientras, en Cádiz, cuyo Ayuntamiento también está gobernado por el PP, su alcalde, Bruno Garcia, ha evitado pronunciarse sobre si traerá a la ciudad esa medida.
El alcalde ha tratado de mantener un equilibrio entre mostrarse firme en su intención de regular y restringir la actividad de las viviendas turísticas ser prudente respecto a la adopción de medidas que pudieran generar inseguridad jurídica.
Este equilibrio imposible, como parafraseando al músico Ivan Ferreiro, parece dejar al Gobierno gaditano un paso por detrás de la vanguardia en la lucha contra la proliferación de viviendas turísticas. Ya el PP se quedó en un segundo plano al oponerse a la regulación de los pisos en la ciudad que aprobó el anterior Gobierno local de José María González, Kichi, y que ahora usa y señala que se ha quedado corta y paece volverse a quedar en este tipo de medidas que están impulsando ayuntamientos como el de Sevilla, u otras en Barcelona o Santiago de Compostela.
“Lo que hace cada uno en su ciudad es fruto del conocimiento y la información que tiene sobre su realidad específica”, señala el alcalde gaditano. En este sentido, subrayó la importancia de analizar y estudiar detenidamente cualquier medida antes de aplicarla en Cádiz, evitando trasladar decisiones de otros municipios sin la debida consideración. “Nosotros estudiamos bien Cádiz y desde aquí tomamos nuestras decisiones”, añadió.
García insistió en que el Ayuntamiento de Cádiz ya tomó una decisión respecto al suministro de agua en estas viviendas, que pasará a tarificarse como un servicio comercial e industrial, incrementando así el coste para los propietarios. “Las viviendas turísticas pasarán al tramo de comercial e industrial, y será más caro. Con lo cual, el agua lo pagarán más en la ciudad de Cádiz”, explicó.
Esta medida, que llevará a cabo Aguas de Cádiz, refuerza la postura del Ayuntamiento de aplicar restricciones en todos los frentes posibles, insiste Bruno García. Sin embargo, el alcalde fue cauteloso al referirse a la medida adoptada en Sevilla, señalando que “no es una medida que hayamos estudiado y, por tanto, no me debo pronunciar sobre esa en concreto”.
El alcalde también insistió en la necesidad de mantener la seguridad jurídica al implementar nuevas regulaciones. “Nuestra voluntad siempre es ser restrictios con las viviendas turísticas, pero también es no engañar a la gente. Hay una cosa que es fundamental, que es el término de la seguridad jurídica. No puedo decir voy a eliminar así de repente la vivienda turística porque hay unos derechos adquiridos”, comentó.
Además, el alcalde ya anunció a comienzos de julio que se iban a congelar las liciencias para viviendas turísticas en el casco histórico de la ciudad, un proceso que, según el alcalde, ya está en marcha. “Estamos estudiando cómo avanzar en esta línea, siempre con la seguridad jurídica como guía”, concluyó.
