El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana ha reclamado al alcalde de Cádiz, Bruno García, que frene el desahucio de Tamara Manzano, previsto para el próximo 1 de abril.
Tamara, madre de 46 años con dos hijas menores a su cargo, vive desde hace un año en una vivienda deshabitada de Procasa, en la barriada de Guillén Moreno. El propio Ayuntamiento le reconoció oficialmente su situación de vulnerabilidad, pero no le ha ofrecido hasta ahora una alternativa habitacional a medio o largo plazo.
Desde Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz adjunta, Helena Fernández, ha sido tajante: “Bruno García no puede dejar a Tamara Manzano y a sus hijas menores en la calle”. La formación denuncia que el Ayuntamiento haya optado por interponer una denuncia penal contra Tamara por entrar en la vivienda, a pesar de tratarse de una persona en exclusión social reconocida por los Servicios Sociales municipales.
“El Partido Popular de Bruno García, al que le gusta autoproclamarse el alcalde más social, no puede echar a la calle a una madre con dos menores. Es inadmisible que pretenda hacer algo así, interponiendo una denuncia por la vía penal, cuando los propios informes del Ayuntamiento reconocen la vulnerabilidad de esta familia”, remarca Fernández.
Además, recuerdan que existe un amparo legal que permitiría suspender el lanzamiento. “El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, permite prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de los procedimientos de desahucio para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. Bruno García no puede mirar hacia otro lado”.
La coalición critica la falta de acción del equipo de gobierno municipal: “En este tiempo el PP no ha hecho nada al respecto, más allá de denunciarla por lo penal”. Y alertan de que “en esta ciudad, el Partido Popular dejó 286 desahucios al año, y no podemos permitir que en menos de dos años volvamos a ese drama mientras derrocha dinero público”.
Un caso que ha provocado una ola de solidaridad
La historia de Tamara salió a la luz el pasado 11 de marzo tras su publicación en Cádiz Directo. Desde entonces, ha generado una ola de solidaridad ciudadana, con más de 200 firmas recogidas por vecinos de su barrio y el apoyo de asociaciones como Las Desamparadas y la APDHA. El Ayuntamiento, sin embargo, solo le ha planteado hasta ahora una pensión temporal de unos días, sin documentación ni garantías, y le ha sugerido que “busque un alquiler”, algo imposible con sus ingresos.
El martes 26 de marzo, se conoció que Tamara cumple con todos los requisitos del Real Decreto aprobado en enero que permite suspender los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Ese mismo día, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigió públicamente que se paralice el lanzamiento y denunció que el Ayuntamiento haya llevado el caso por la vía penal.
A pocos días del desalojo, Tamara sigue sin una alternativa clara. Adelante Izquierda Gaditana reclama que se actúe con urgencia: “Tienen herramientas para hacerlo, lo único que les falta son las ganas y la humanidad”, concluye Helena Fernández.
