En su sesión de esta mañana del 10 de enero, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado un protocolo general de actuación para abordar la evaluación del riesgo de maremotos en la ciudad, siempre muy presente cuando se analizan este tipo de fenómenos.
El acuerdo será formalizado próximamente entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC), entidad vinculada a la Universidad de Cantabria y con amplia experiencia en ingeniería hidráulica y gestión de riesgos naturales. Este convenio se enmarca dentro del proceso de redacción del Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos que lidera el Servicio de Protección Civil municipal.
El protocolo establece la realización de un estudio técnico detallado que incluye el análisis de magnitudes como fuerza, velocidad y volúmenes de agua en posibles escenarios de maremotos, considerando las características orográficas de Cádiz. La colaboración con la FIHAC también abarca la creación de cartografías específicas que permitan identificar zonas de mayor peligrosidad, niveles de exposición y vulnerabilidad, así como rutas de evacuación en caso de emergencia.
Además, se busca consolidar una base científica que sirva para elaborar estrategias concretas de actuación y prevención. La fundación, con experiencia en proyectos similares, aportará su capacidad técnica para desarrollar estos análisis esenciales que contribuyen a mejorar la preparación frente a posibles riesgos.
Participación ciudadana y concienciación
Otro aspecto destacado del acuerdo es el enfoque en la participación ciudadana. Están previstas diversas actividades dirigidas a informar y capacitar a la población, como talleres, reuniones técnicas y eventos de divulgación. Estas iniciativas buscan involucrar a los ciudadanos en el conocimiento y la preparación frente a los riesgos asociados a los tsunamis.
Asimismo, el protocolo incluye la instalación de señalización específica para orientar a la población en caso de emergencia y la implementación de campañas para mejorar la percepción del riesgo entre los habitantes de la ciudad. Estas medidas forman parte de un enfoque integral que combina el análisis técnico con la sensibilización comunitaria.
En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local aprobó una licencia de obras para la reforma de un local ubicado en la calle Brunete 4-local 2, que se destinará a uso mixto como vivienda y oficina. Además, se emitieron requerimientos de seguridad para inmuebles situados en Barbate 58-A y en la plaza de Candelaria 9, zonas que han sido objeto de inspecciones técnicas. La plaza de Candelaria 9 y el edificio en Cánovas del Castillo 6 fueron incluidos en los procesos de revisión estructural establecidos por la Inspección Técnica de Edificios.
Resolución de ayudas sociales
La Junta de Gobierno Local también trató asuntos relacionados con ayudas sociales, aprobando una partida total de 143.155 euros. Estas ayudas incluyen 534 prestaciones de emergencia social por un valor acumulado de 140.072,71 euros, además de 5 ayudas económicas familiares por un importe de 1.725 euros. También se resolvieron 9 pagos de recibos de luz por 463,29 euros y 12 pagos de recibos de agua por 892 euros.
Entre las medidas adicionales destacan tarifas reducidas para pensionistas en el pago de servicios básicos y coberturas anuales de suministro energético. En total, las ayudas sociales aprobadas hasta la fecha alcanzan los 151.098,57 euros, consolidando el respaldo económico a los sectores más vulnerables de la población.
Este conjunto de decisiones refleja la diversidad de acciones que lleva a cabo la Junta de Gobierno Local, desde la gestión de riesgos naturales hasta la resolución de cuestiones urbanísticas y el apoyo social, todas ellas orientadas a atender necesidades específicas de la ciudadanía.
