‘Carranza Incumple’ trata con la Subdelegación del Gobierno sobre la ilegalidad del nombre para el estadio de Cádiz

La plataforma traslada sus quejas a la subdelegada del Gobierno, quien reitera las dudas sobre que el nombre cumpla la Ley de Memoria Democrática

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La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha recibido hoy a representantes de la plataforma 'Carranza Incumple'. Foto: Subdelegación del Gobierno.

El debate sobre la denominación del estadio de fútbol de Cádiz para pasar a llamarse Estadio Carranza sigue generando oposición. Y la Plataforma Carranza Incumple sigue agitando el argumento de que incumple la ley de memporia de democrática para tratar de impedir que la decisión del Ayuntamiento cristalice.

El 2 de agosto, el Ayuntamiento de Cádiz anunció que iniciaba un expediente para renombrar el actual Estadio Nuevo Mirandilla como Estadio Carranza, eliminando el nombre de pila Ramón. Así se cumplía con la normativa, al despersonalizar la denominación y referirla exclusivamente a la memoria colectiva del “cadismo”, desligándola de la figura del exalcalde franquista Ramón de Carranza. Un mes después aún no ha finalizado ese expediente.

Desde Carranza Incumple, después de reunirse con los partidos de la oposición municipal, lo han hecho con la representante del Gobierno central en Cádiz. Así, integrantes de este colectivose han reunido este 5 de septiembre con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores. Entre los representantes de la plataforma se encontraban el historiador Manuel Granado, miembro de la Comisión de Historia del Centenario del Cádiz CF, y Andrés Sainz, exvicepresidente de la Federación de Peñas del club, quienes expresaron que la denominación, incluso sin el nombre de pila, sigue evocando una figura vinculada a la dictadura franquista.

La subdelegada Blanca Flores, por su parte, informó a los miembros de la plataforma sobre las gestiones que la Subdelegación ha realizado en relación con este asunto, incluyendo los contactos con la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial. Flores explicó que desde la Subdelegación ya se había trasladado al Ayuntamiento de Cádiz las advertencias recibidas desde Madrid, destacando la carta enviada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en la que se alerta de la posible ilegalidad de la nueva denominación del estadio.

La advertencia de la Secretaría de Estado

Desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, se envió una carta al alcalde de Cádiz, Bruno García, antes de que el Ayuntamiento formalizara el inicio del expediente para el cambio de nombre. En dicha carta, al directora general, Zoraida Hijosa, expresaba su preocupación por la decisión municipal y recordaba que las leyes de Memoria Democrática y Memoria Histórica, tanto a nivel estatal como autonómico, prohíben expresamente cualquier denominación de espacios públicos que ensalcen a figuras relacionadas con el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista. Este es el caso de Ramón de Carranza, quien fue alcalde de Cádiz y un destacado defensor del régimen franquista, motivo por el cual se decidió cambiar el nombre del estadio en 2021, optando por Estadio Nuevo Mirandilla.

La carta recuerda que el cambio de nombre del estadio en 2021 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en cumplimiento de estas normativas, y que la propuesta actual de devolver la denominación Carranza, aunque sea eliminando el nombre de pila, podría constituir un “fraude de ley”. La Secretaría de Estado recordaba además que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, exige la eliminación de cualquier símbolo o referencia pública que glorifique o ensalce la dictadura o a sus dirigentes, dejando claro que las administraciones deben garantizar el cumplimiento de esta normativa.

En su advertencia, la carta deja abierta la posibilidad de que el Gobierno tome medidas en defensa de la memoria democrática si el Ayuntamiento prosigue con el cambio de nombre en los términos actuales. Asimismo, la misiva pone a disposición del alcalde cualquier aclaración que sea necesaria para evitar posibles conflictos legales.

Un mes después del inicio del expediente, sigue el compás de espera para su aprobación. ¿Llegará en la Junta de Gobierno de este 6 de septiembre?