El sindicato CSIF, como miembro del comité de empresa de la concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Cádiz, Valoriza, ha denunciado los castigos que la empresa está aplicando a sus trabajadores de manera “arbitraria e injusta” con el objetivo de ahorrar costes y beneficiarse económicamente.
Según CSIF, la estrategia de la empresa se centra en “abrir expedientes disciplinarios, todos graves o muy graves, sin aportar pruebas objetivas, incluyendo despidos y suspensiones de empleo y sueldo de hasta 60 días”. Unas medidas que están suponiendo un gran ahorro a Valoriza, “mientras sigue cobrando la misma cantidad de dinero público que aportan los contribuyentes”.
La sección sindical ha detallado que, año y medio después de hacerse con la concesión definitiva del servicio de limpieza y recogida de basuras, la empresa ha abierto ya más de 40 expedientes disciplinarios “contra trabajadores de larga experiencia en el servicio y con un historial laboral inmaculado”.
Esta cifra de expedientes supone más del doble de lo que la anterior concesionaria (una UTE en la que Valoriza participaba con un alto porcentaje) aplicó durante los más de 16 años que mantuvo el contrato. Hay que recordar que dicha UTE finalizó el servicio tras varias prórrogas, involucrada en supuestos graves incumplimientos, con la intervención de ordenadores y sospechas de fraude económico, mientras el Ayuntamiento y los propios contribuyentes todavía esperan explicaciones.
CSIF ha denunciado que los castigos que se imponen de manera arbitraria a estos operarios, algunos con más de 15 años de experiencia en el servicio, provocan “una evidente indefensión, dado que se basan en inspecciones oculares sin testigos o fuera de horario, con fotografías descontextualizadas sin fecha ni ubicación”. Varios de los trabajadores, tras alegar frente a la empresa sin ser escuchados, se han visto obligados a recurrir a la vía judicial en defensa de sus derechos.
La sección sindical ha recordado que la Valoriza, ahorrando sueldos gracias a las sanciones impuestas, mantiene “un acuerdo millonario con dinero público sin implementar todos los servicios por los que fue contratada”, como son la sustitución y mantenimiento de las papeleras, la renovación del parque móvil y de la totalidad de los contenedores comunitarios, la modernización de los contenedores intraurbanos, la reforma de centros de trabajo o el abuso de nuevas contrataciones con menor gasto. Todo ello “ninguneando al personal fijo a tiempo parcial”, según CSIF.
Así, el sindicato ha exigido a Valoriza que respete los derechos laborales de la plantilla y que abandone la arbitrariedad que aplica con las sanciones, absolutamente injustas y desproporcionadas. Y al mismo tiempo, ha reclamado que preste los servicios al completo y cumpla con el contrato que paga la ciudadanía de Cádiz con sus impuestos.
