El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) en el Ayuntamiento de Cádiz ha alertado sobre un posible fraude en la contratación pública dentro de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Cádiz.
Según la formación, varios contratos menores adjudicados por la FMC bajo el mandato del alcalde Bruno García, del Partido Popular, superan los límites legales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. AIG ha decidido llevar el caso a la Oficina Antifraude.
La denuncia se fundamenta en los datos obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Según estos documentos, la FMC habría adjudicado contratos menores que exceden los umbrales legales, fijados en 40.000 euros para contratos de obras y en 15.000 euros para contratos de suministros y servicios. De acuerdo con AIG, “tanto a finales de 2023 como en 2024 hay ejemplos claros de contratos que sobrepasan los límites”, lo que pondría en evidencia un incumplimiento reiterado de la normativa.
El concejal Demetrio Quirós, de AIG, ha subrayado la gravedad de la situación: “El PP suele recurrir a estos subterfugios que a veces escapan a las normas más básicas de contratación pública, como ha ocurrido por ejemplo en Andalucía con los contratos fraccionados del Servicio Andaluz de Salud”. Quirós añadió que esta conducta es “vergonzosa” y que el PP parece estar “retomando sus viejas prácticas” en Cádiz, en alusión a gestiones anteriores del mismo partido en la ciudad. “Esto recuerda a épocas pasadas de derroche, de saltarse procedimientos y de hacer las cosas de aquella manera para favorecer siempre a los mismos”, declaró el edil.
Adelante Izquierda Gaditana ha decidido remitir toda la documentación a la Oficina Antifraude para su investigación. Quirós ha explicado que su partido está decidido a vigilar cada uno de los movimientos del Ayuntamiento: “Fiscalizaremos hasta el último céntimo que gaste el Ayuntamiento de Cádiz para que todo se haga conforme a la legalidad y sin saltarse los procedimientos siguiendo otros intereses que no son los públicos”.
La denuncia también apunta a que el PP estaría ejerciendo presión sobre los técnicos responsables de la contratación, forzando la adjudicación de contratos que favorecen a ciertas empresas de manera recurrente. Este patrón de actuación ha sido calificado como «cruzar líneas rojas peligrosas» por el concejal de AIG, quien ha prometido que su grupo no permitirá que estas prácticas continúen sin consecuencias.
El procedimiento utilizado por la Fundación Municipal de Cultura se basa en una normativa que permite agilizar las adjudicaciones, pero reduce el control y la publicidad de las mismas. AIG sostiene que este marco, diseñado para casos excepcionales, ha sido mal utilizado para otorgar contratos que deberían haber pasado por licitaciones públicas más transparentes.
Ahora, las posibles novedades en este caso dependerán de la investigación que lleve a cabo la Oficina Antifraude. De confirmarse las acusaciones, las autoridades podrían imponer sanciones tanto a los responsables políticos como a las empresas adjudicatarias de los contratos.
