El Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz ha denunciado el caso de una trabajadora del servicio de Ayuda a Domicilio que la organización señala que empresa e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) obligan a seguir trabajando pese a necesitar de un andador para poder caminar.
La organización sindical califica esta situación por la que atraviesa Encarnación, de 61 años, como un trato “absolutamente injusto e inhumano”. El Sindicato de Contratas y Servicios Públicos señala que la trabajadora necesita este andador ortopédico para desplazarse y presenta un cuadro clínico que debería imposibilitarle seguir con sus labores habituales.
Encarnación ha estado vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz desde 2008, pero su salud se ha deteriorado en los últimos cuatro años debido a los “procesos de incapacidad temporal” y la “alta incidencia de lesiones” características de su profesión. Estos periodos prolongados de baja médica han sido una constante en su vida laboral, particularmente desde que sufrió un accidente en 2021 que le lesionó el hombro izquierdo. Aunque la mutua MC MUTUAL la dio de alta a los 25 días, Encarnación no había recuperado su movilidad, señala el sindicato, lo que derivó en una recaída y en nuevos periodos de incapacidad.
En agosto de 2021, otro accidente agravó su lesión en el hombro, lo que llevó a un proceso de incapacidad temporal que se extendió por más de 345 días. Durante este tiempo, la mutua llegó a emitir altas forzosas en tres ocasiones, que fueron revocadas por el INSS tras la solicitud de revisión de Encarnación, quien seguía padeciendo estas dolencias que, señala, eran incapacitantes. La situación se agravó cuando, al entregar un documento de revisión en la empresa, sufrió una caída por las escaleras, resultando en la fractura del coxis y de una vértebra dorsal, hecho que desencadenó “nuevas patologías” y empeoró su ya delicada salud.
Sin la incapacidad permanente
Cuando en marzo de 2023 se agotó el plazo legal de 545 días de incapacidad temporal y el INSS abrió de oficio un expediente de incapacidad permanente, la resolución, emitida el 26 de mayo de 2023, concluyó que Encarnación no era calificada para tal condición. A pesar de que el informe médico del Equipo de Valoración de Incapacidades reconocía limitaciones como “marcha inestable y cervicalgia con clínica vertiginosa”, la institución consideró que podía continuar trabajando como auxiliar de ayuda a domicilio.
La compensación otorgada fue de un único pago de 830 euros por la pérdida de movilidad del hombro izquierdo en menos del 50 por ciento. A causa de la negativa de concederle una incapacidad permanente, Encarnación se vio forzada a regresar a su puesto. Sin embargo, la realidad fue que, a los pocos días, “por el incapacitante cuadro clínico” y el uso de un andador ortopédico indicado desde marzo de ese año, necesitó una nueva baja médica.
Una situación repetida
El 2 de julio de 2024, un año después, el INSS volvió a iniciar otro expediente de incapacidad permanente ante la cantidad de limitaciones de Encarnación, pero el 26 de julio de 2024 emitió nuevamente una “resolución denegatoria” que, a juicio del sindicato, resultó ser una decisión “absolutamente surrealista”. Pese a que el informe médico del EVI señalaba la necesidad de un andador para caminar, el INSS consideró que las lesiones “no eran constitutivas de incapacidad permanente en ninguno de sus grados”, obligándola a reincorporarse.
La empresa, con base en un informe de su servicio de prevención que la declaraba “apta con limitaciones”, le asignó tareas que incluían ayuda en el aseo y arreglo de usuarios, levantar y acostar personas, entre otras actividades que Encarnación no podía realizar sin riesgos para su salud. Los familiares de los usuarios, al ver su estado, rápidamente advirtieron a las coordinadoras del servicio sobre la imposibilidad de que Encarnación realizara esas tareas.
Desde octubre de 2024, la empresa modificó su asignación a labores de acompañamiento, con una jornada dividida en turnos de mañana y tarde que la mantenían en la calle casi todo el día, a menudo hasta las 21:00 horas. Esta situación se agravó con las inclemencias del tiempo, pues Encarnación, obligada a desplazarse con andador y paraguas, enfrentaba serios riesgos.
Exigencias del sindicato
El Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz exige al INSS que reevalúe de inmediato la situación y reconozca el derecho de Encarnación a una incapacidad permanente, subrayando que “una trabajadora que ha pasado casi cuatro años en incapacidad temporal no puede seguir siendo forzada a trabajar”. También demanda a Domusvi que asigne a Encarnación tareas y horarios que no empeoren sus condiciones de salud.
El sindicato finaliza su comunicado denunciando la falta de políticas adecuadas que protejan a este colectivo, principalmente femenino y altamente expuesto a lesiones osteomusculares, exigiendo que se adopten medidas efectivas para salvaguardar la salud de las trabajadoras de ayuda a domicilio, un sector que merece “mayor respeto y cuidado”.
