Poco más de un mes después de que el Ayuntamiento de Cádiz sacar a la licitación el servicio de Ayuda a Domicilio, el proceso ha sido paralizado cautelarmente por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial. La suspensión ha sido motivada por la denuncia presentada por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), entidad que aglutina a las principales compañías del sector, entre ellas Domus Vi, actual concesionaria del servicio en la ciudad.
Un nuevo pliego que había servido para que desde el Equipo de Gobierno se sacara pecho cuando se presentó, pero que ahora ha sido paralizado por la Diputación Provincial de Cádiz. Unas paralizaciones que no son desconocidas en el Consistorio gaditano, donde ha ocurrido con otros pliegos y adjudicaciones.
La paralización llega porque Aeste ha solicitado medidas cautelares tras detectar, según su denuncia, diversas irregularidades en las condiciones del pliego aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 6 de septiembre. El Tribunal, al aceptar la petición, justifica la suspensión alegando que su intervención busca evitar “la consolidación de una decisión ilegal por la perfección del contrato”, y que la medida es necesaria para prevenir “posibles perjuicios a los interesados afectados y, especialmente, al futuro adjudicatario” en caso de que sea necesario retrotraer el proceso. Con esta suspensión, el proceso de licitación queda en el aire, a la espera de que el tribunal resuelva la denuncia de Aeste y determine si las condiciones del pliego son correctas.
Cuando el equipo de Gobierno de Bruno García presentó este pliego, dijo que éste iba a dar un giro tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de la plantilla de Ayuda a Domicilio, compuesta mayoritariamente por mujeres. El concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, destacó entonces que el objetivo era acabar con una situación “muy poco digna” que venían sufriendo las trabajadoras. Además, afirmó que el nuevo pliego traería mejoras para los usuarios del servicio, casi 1.000 personas en situación de dependencia, quienes recibirían un servicio más eficiente y con mayor control de calidad.
Entre las mejoras incluidas en el nuevo pliego, Otero subrayó la limitación de la baja máxima del precio unitario de licitación para evitar una merma en la calidad del servicio, una práctica que, según el Ayuntamiento, había afectado anteriormente a la prestación. Además, el pliego establecía que las empresas participantes debían alcanzar un mínimo de 20 puntos sobre 30 en sus ofertas técnicas para poder continuar en el proceso de licitación, un mecanismo que buscaba garantizar que solo las propuestas con un plan técnico sólido pasaran a la fase de adjudicación.
Otra de las novedades del pliego, según señaló Otero, era la posibilidad de modificar el contrato hasta un 20 por ciento del precio unitario de licitación si se incrementaban las altas de usuarios derivadas de resoluciones por la Ley de Dependencia. Asimismo, se contemplaba la sustitución no solo de las auxiliares de Ayuda a Domicilio, sino también del personal del equipo de gestión, una medida destinada a asegurar la continuidad del servicio en situaciones de baja laboral.
Otero defendió en su momento que este nuevo pliego suponía “un antes y un después en la gestión de la ayuda a domicilio en Cádiz”, asegurando la dignidad laboral de la plantilla y una mejora notable en la calidad del servicio. Además, el concejal cargó contra el anterior equipo de gobierno, acusándolo de ser responsable de la “situación insostenible” que habían sufrido tanto las trabajadoras como los usuarios del servicio durante años.
Denuncia por irregularidades en la subrogación
A esta suspensión judicial se le suma las denuncias en torno al proceso de subrogación de la plantilla de Ayuda a Domicilio. La Sección Sindical de Autonomía Obrera de Domus Vi, la empresa que actualmente gestiona el servicio en Cádiz, denunció lo que consideran un presunto “fraude a la administración pública”. El sindicato acusó a Domus Vi de incluir indebidamente al director provincial de la empresa en el listado de personal subrogable, a pesar de que este no cumple con los requisitos para ser considerado como tal.
Según el sindicato, el director provincial “no es personal subrogable sino personal de estructura de la empresa”, una situación que, según señalan, ya ha sido confirmada en resoluciones similares en otras ciudades. El 19 de septiembre de 2024, Autonomía Obrera presentó varios escritos dirigidos al alcalde de Cádiz, al concejal de Asuntos Sociales y al director del área de contratación del Ayuntamiento, exigiendo la corrección del listado de subrogación y señalando otras anomalías en la plataforma de contratación del Estado. Días después, el 25 de septiembre, el sindicato amplió la documentación, aportando pruebas de que el director provincial no ha trabajado exclusivamente para este pliego, ya que aparece como representante de la empresa en denuncias ante la Inspección de Trabajo por el servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto de Santa María.
Autonomía Obrera considera especialmente grave que se intente incluir a un directivo como parte del personal subrogable, ya que, según denuncian, este directivo ha sido responsable de “la precarización sistemática de este colectivo”. Además, según el sindicato, si esta inclusión en el pliego se consolidara, el salario del directivo se incrementaría notablemente, pasando de 21.348 euros anuales a 40.810 euros, lo que, sumado a las cotizaciones a la seguridad social, elevaría la cifra a más de 50.000 euros.
La Sección Sindical también ha señalado la “falta de control” por parte del Ayuntamiento y la Concejalía de Asuntos Sociales, asegurando que esta es una práctica recurrente en las relaciones contractuales con Domus Vi. A modo de ejemplo, mencionan un caso anterior en el que se intentó incluir personal de estructura de la empresa en el proceso de subrogación en el servicio de mantenimiento urbano, aunque en aquella ocasión el Ayuntamiento decidió excluir a los afectados. El sindicato critica la falta de coherencia en la actuación del Consistorio, preguntándose si se trata de “mismo caso, diferente actuación”.
Autonomía Obrera advierte que las irregularidades en el proceso de subrogación podrían poner en peligro la adjudicación del pliego de condiciones y, por tanto, afectar directamente a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio. El sindicato exige al Ayuntamiento que corrija estas irregularidades para evitar un mayor deterioro en las condiciones laborales del colectivo.
Un conflicto con precedentes: el contrato de limpieza
La situación a la que ahora enfrenta el Equipo de gobierno de Bruno García recuerda inevitablemente lo ocurrido con la licitación del contrato de limpieza de la ciudad durante el anterior mandato. Entonces, el Tribunal de Recursos Contractuales también paralizó en varias ocasiones el proceso de adjudicación, tras denuncias de asociaciones de empresas de limpieza que alegaban irregularidades en los pliegos. Curiosamente, el Partido Popular, ahora en el poder municipal, utilizó y utiliza estas paralizaciones como un arma política contra el Equipo de Gobierno anterior, criticando duramente lo que consideraban una “mala gestión” de los contratos municipales.
Hoy, sin embargo, es el propio gobierno del PP el que enfrenta un revés similar. La paralización de la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio, siguiendo las tesis del PP, pone en entredicho la capacidad del Ayuntamiento para sacar adelante un contrato esencial tanto para las trabajadoras del servicio como para las personas mayores y dependientes que dependen de él.
Si el Tribunal de Recursos Contractuales da la razón a Aeste, el Ayuntamiento se verá obligado a revisar las condiciones del pliego y, posiblemente, iniciar de nuevo todo el proceso, lo que retrasaría aún más las mejoras prometidas para las trabajadoras y el servicio. En caso contrario, si el tribunal desestima la denuncia, el procedimiento podrá continuar desde el punto en el que ha quedado suspendido.
