“Me voy a la casa del pueblo, al Ayuntamiento”, decía esta mañana Tamara Manzano. Lo hacía con lágrimas contenidas mientras entregaba las llaves de la vivienda pública que ha sido su hogar durante el último año.
A las 10:10 horas, la comisión judicial y representantes de Procasa abandonaban el número 4 de la calle Marinero en Tierra, en el barrio de Guillén Moreno. A esa hora, Tamara y sus dos hijas menores pasaban a engrosar la lista de familias desahuciadas sin una alternativa habitacional estable.
A esa misma hora, aproximadamente, el alcalde Bruno García y el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, forman parte de una amplia delegación de cargos del Partido Popular que realizaban una visita institucional al colegio Eduardo Benot. Una cita que no fue convocada a los medios, quién sabe si para evitar preguntas incómodas o una imagen poco conveniente el mismo día del primer desahucio de su mandato.
Mientras, en la puerta del edificio de la calle Marinero en Tierra, una veintena de personas mostraban su apoyo y su rabia: gritos de “¡vergüenza!” y “¡Procasa desahucia!” se alternaban con gestos de comprensión hacia los policías presentes. También hubo tensión con la llegada del portón antiocupas. No hubo intervención policial, pero sí dolor y nervios a flor de piel.
Este ha sido el primer desalojo conocido de una vivienda pública bajo el mandato de Bruno García como alcalde de Cádiz. Y llega tras semanas de presión, promesas sin concretar, falta de información y, como Tamara lo definió tras una reunión en el Ayuntamiento, una “encerrona” en la que “solo me hablaron de Kichi y sus desahucios. ¿Qué tendré yo que ver con Kichi?”, se pregunta aún.
Desestimación judicial y promesas
El lanzamiento se ha ejecutado pese a que la Apdha solicitó formalmente la paralización en base al Real Decreto-ley 1/2025, que impide desahucios a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. La jueza desestimó la petición, y aunque la asociación presentó anoche un recurso de reforma, no hubo respuesta a tiempo.
Tampoco la hubo por parte del Ayuntamiento. Ayer por la tarde, la Apdha entregó toda la documentación requerida para acceder a la vivienda en alquiler que se ofreció a Tamara el lunes —solo 24 horas antes del desahucio— a través de una llamada de la primera teniente de alcalde, Maite González, en nombre del alcalde. La respuesta municipal no ha llegado.
Eso sí, después del desalojo, segñun señalan fuentes municipales, el alcalde Bruno García, acompañado de la portavoz del equipo de Gobierno, Maite González, y del teniente de alcalde de Servicios Sociales, Pablo Otero, han mantenido una reunión con Tamara Manzano, y varios miembros de su familia para seguir buscando una solución habitacional. Se ha activado el protocolo en este tipo de casos y, de manera temporal y durante diez días, va a estar alojada junto a sus dos hijas en una pensión.
Mientras tanto, y de manera paralela, a Tamara Manzano se le ha mostrado una vivienda, ofrecida por un particular, de unos 40 metros cuadrados, que ha rechazado al entender que era demasiado pequeña para cubrir sus necesidades. Asimismo se sigue trabajando en nuevas propuestas habitacionales para dar cobertura a la situación en la que se encuentra. En el caso de que acepte, desde Servicios Sociales se determinará con una baremación técnica el porcentaje que le podría corresponder según los ingresos que tiene y su situación personal.
Ninguna oferta concreta, ninguna solución digna
Antes de esa llamada del lunes, la única oferta concreta era una estancia de diez días en una pensión. También, según relata Tamara, el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, el día antes de esa reunión en Alcaldía que podría salirle una vivienda por unos 650 euros. Pero esa opción “quedó en nada”, como recuerda la propia afectada.
“La casa que me ofrecieron a última hora no sé ni dónde está, ni cuánto vale, ni cuánto pagaría yo ni cuánto el Ayuntamiento”, lamentaba esta mañana, visiblemente afectada. Con sus hijas menores, ambas con asma, decidió no llevarlas hoy al instituto ni que estuvieran en su casa para evitar que vivieran el drama del desahucio.
“Cruel e inhumano”
Rafael Lara, portavoz de la APDHA, ha denunciado ante los medios el uso de la vía penal por parte del Ayuntamiento de Cádiz. “Esto nunca había pasado en esta ciudad. Es cruel e inhumano llevar a una mujer vulnerable, con dos niñas, por la vía penal. Ni el Ayuntamiento ni el Juzgado han actuado bien”, afirmó. Lara recordó también que la documentación para el alquiler fue entregada ayer, pero que “no sabemos nada: ni si se la dan, ni dónde es, ni nada. Solo silencio”.
Mientras hablaba, Tamara estaba rodeada por vecinos, amigas y miembros de colectivos sociales. Algunas voces rompieron el silencio para gritar “¡racismo!” o “¡ella no es una delincuente!”. Otras insistían: “Esto no es política, esto es humanidad”.
💔 «Me voy al Ayuntamiento… no tengo otro sitio»
Tamara Manzano entrega las llaves de su casa pública con lágrimas.
Hoy, Cádiz asiste al primer desahucio municipal bajo el mandato de Bruno García.
🎥 Su salida, los gritos, y el silencio institucional.
🔗Conoce esta dura historia… pic.twitter.com/dOdvCFbjzj— Cádiz Directo (@CadizDirecto) April 1, 2025
Una historia de esfuerzo, enfermedad y abandono
Tamara llegó a esa vivienda pública en Guillén Moreno tras una historia marcada por el maltrato, una operación por cáncer, acoso en su anterior domicilio y el miedo constante a no tener dónde vivir con sus hijas. Entró en un piso vacío, sin adjudicar, y desde el principio trató de regularizar su situación. Fue ella quien contactó con Procasa y con Servicios Sociales. No pidió privilegios: pidió un alquiler social.
Pero, pese a que el propio Ayuntamiento reconoció oficialmente su situación de vulnerabilidad ante el juzgado, el procedimiento siguió adelante. Se usó la vía penal, se negó la aplicación del decreto estatal y se actuó sin proponer una alternativa clara.
A día de hoy, lo único cierto es que Tamara Manzano ha entregado sus llaves y que esta noche dormirá donde pueda. “En la casa del pueblo”, como ella dice. Pero su caso ya forma parte de una historia que interpela a Cádiz y a quienes tienen el deber de proteger a quienes más lo necesitan.
