El ex alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y parte de su equipo en el Ayuntamiento gaditano están llamados hoy a declarar en lo que supone la causa 18 contra él durante los ocho años que estuvo al frente del Ayuntamiento gaditano. En este caso, por el papel y la labor que realizó un asesor antes de lograr un plaza en la plantilla municipal.
La cita, dentro del proceso de investigacíón abierto, es en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz y se les tomará declaración en calidad de investigados tras la denuncia presentada en su momento por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), a la que se unió posteriormente, el PP, con el concejal y vicepresidente de Diputación, Juancho Ortiz, como uno de los abogados de la acusación.,
Esta nueva nueva denuncia, la número 18 desde la llegada de Kichi a San Juan de Dios, llevará a declarar al anterior alcalde de Cádiz, a sus concejales David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez y al que fuera jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia por un presunto delito de prevaricación por el papel de un asesor externo en el año 2018, antes de obtener una plaza en la plantilla municipal como técnico de la Administración General para la elaboración de expedientes de la Edusi y posteriormente (desde 2022) como parte de la plantilla del IFEF.
Adelante Andalucía Cádiz, la formación de Kichi, aseguró al conocerse esta declaración que esta nueva denuncia “responde a esa estrategia de lawfare de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal”.
La expresión lawfare se puso de moda en los últimos días, a raíz de la denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevó al jefe del Ejecutivo a pensarse su continuidad al frente del mismo. Pero no es nueva, pues este vocablo importado del inglés viene a referirse a una maniobra por desgracia bastante habitual en los últimos tiempos.
Se conoce como lawfare a la instrumentalización de la Justicia, la judicialización de la política o el acoso judicial, abusando del sistema judicial para afectar a la imagen pública del oponente a base de denuncias que, en la gran mayoría de los casos, acaban siendo desestimadas. Y esto es justo lo que, según Adelante Cádiz, viene sufriendo desde hace años el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz liderado por José María González ‘Kichi’.
Según la formación de izquierdas, no hay que perder de vista que “en esta ocasión la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el Equipo de Gobierno de Teofila Martínez y Bruno García”.
En este caso “se está juzgando el papel de un asesor externo que ayudaba al alcalde y sus concejales, y de la que aportamos toda la documentación sobre su contrato externo a través del partido Por Cádiz Sí Se Puede. En este caso se juzgan cosas tan ridículas como su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del Grupo Municipal, situado por aquel entonces en la zona de Presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que -siempre, absolutamente siempre- se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etcétera”, argumentó la formación.
Adelante Cádiz ha reivindicado que “mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional. Porque no hay que olvidar que la contratación externa de este asesor experto, Fernando Acuña, estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos y vecinas. La intención principal del anterior Gobierno era hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito”.
Según la formación andalucista de izquierdas, esta nueva denuncia que llevará a declarar a parte del anterior equipo de Gobierno “no es más que un nuevo caso que refleja que cuando la derecha no gobierna intenta lanzar sus tentáculos en el poder judicial para invalidar los gobiernos de izquierda atentando continuamente contra su honorabilidad. Porque aunque el lawfare se haya puesto ahora de moda, compañeros como José María González ‘Kichi’ la llevan sufriendo ocho años y la siguen sufriendo aun habiendo dejado la política”.
Adelante no tiene dudas de que este proceso “terminará archivado como las 17 denuncias anteriores”, pero “el daño a la figura de José María González y Adelante estará hecho”. Un caso que “coincide con el de Ayuso en Madrid o con las grabaciones del jefe del PP de Jaén avisando a amigos empresarios de contratos de la Junta no publicados en el BOJA. Y, hablando de Cádiz, llama la atención que la aparición de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas, con todas las letras de su nombre, no propiciara ningún reproche judicial mientras que nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz haya generado 18 causas judicializadas en 8 años”.
Por su parte, el actual alcalde señaló en su monento que “parte de la presunción de inocencia“ pero que este caso “no pinta nada bien“ para los intereses de su antecesor.
