El Ayuntamiento de Cádiz denunció por la vía penal a Tamara Manzano, una madre de dos hijas menores con 46 años, que ha pasado un cáncer y ha sido víctima de violencia de género que entró a vivir en una vivienda deshabitada de Procasa en el barrio de Guillén Moreno de la capital. Un hecho nada habitual por esa vía pena, según sostiene la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
Derechos Humandos ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz que suspenda de inmediato el desahucio de Tamara Manzano, previsto para el 1 de abril. La asociación denuncia especialmente que el procedimiento iniciado por la empresa municipal Procasa haya seguido la vía penal, y no la civil, una decisión poco habitual en estos casos y que puede acarrear consecuencias mucho más graves para la afectada.
“La vía penal, además de conllevar el desalojo, impone sanciones económicas y puede incluso derivar en penas de prisión si no se pueden abonar las multas. Es inaudito que se quiera criminalizar a una familia vulnerable, cuando lo que falla es la respuesta de los poderes públicos”, sostiene la APDHA.
En este caso, la denuncia penal se ha producido pese a que el propio Ayuntamiento, a través de sus Servicios Sociales, ha reconocido por escrito que Tamara se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esta contradicción entre administraciones es, para la asociación, un síntoma claro de incoherencia institucional y de abandono institucional hacia las personas más vulnerables.
Un decreto que permite suspender el desalojo
La APDHA también señala que este desahucio podría suspenderse si se aplicara el Real Decreto-ley 1/2025, aprobado el 28 de enero y en vigor desde el 29 de enero, que suspende los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025. Tal y como publicó hoy Cádiz Directo, esta norma se aplica a viviendas de grandes tenedores como Procasa, cuando las personas afectadas estén en situación de vulnerabilidad, tengan menores a su cargo y no cuenten con título legal para ocupar la vivienda.
Tamara cumple todos esos requisitos, y por tanto su lanzamiento podría ser suspendido legalmente por el juzgado si alguna de las partes lo solicita. La APDHA considera que el Ayuntamiento y Procasa deberían haber activado esta vía legal antes de llevar a una madre con dos menores ante el juzgado penal.
“Una familia no puede pagar el precio de la falta de voluntad política”
La asociación recuerda que Tamara, madre de dos hijas menores, lleva un año viviendo en esa vivienda y ha intentado regularizar su situación desde el primer momento, solicitando pagar un alquiler social. En lugar de atender esa solicitud, la administración ha iniciado un proceso que puede acabar con la familia en la calle.
“La falta de recursos no justifica el abandono institucional. Si no hay alternativa habitacional inmediata, se debe paralizar el desahucio, condonar la multa y ofrecer una solución a corto plazo. Todo lo demás es una vulneración de derechos”, concluye el comunicado.
