El teniente de alcalde de Asuntos Sociales de Cádiz, Pablo Otero, ha salido al paso de las críticas tras la suspensión cautelar de la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial.
Otero ha explicado que esta suspensión “es un procedimiento habitual cuando se presentan recursos a pliegos de estas características”, y ha afirmado que el Ayuntamiento ha entregado toda la información solicitada por el tribunal y está a la espera de su resolución.
El recurso fue presentado por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que alega que el pliego está infradotado económicamente. Ante esto, Otero ha defendido que el equipo de gobierno “se opone a la suspensión cautelar del servicio” al entender que la licitación ha seguido correctamente su curso y que el pliego “garantiza su viabilidad”.
Según el responsable de Asuntos Sociales, el pliego cuenta con una dotación económica que, según los informes de Intervención y Contratación, es suficiente para garantizar tanto la calidad del servicio como las mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras.
En sus declaraciones, Otero ha detallado que el pliego incluye un incremento del 33 por ciento en el precio por hora del servicio respecto al anterior, con una dotación de más de 35 millones de euros para los cuatro años de contrato (sin IVA), lo que, en sus palabras, “casi duplica el presupuesto que mantenía el anterior equipo de gobierno”. El concejal ha señalado que estos cambios reflejan el compromiso del Ayuntamiento por mejorar el servicio y garantizar mejores condiciones laborales a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio.
Además, Otero ha lanzado duras críticas hacia la oposición, en particular contra Adelante Izquierda Gaditana (AIG), acusándolos de incoherencia al criticar un pliego que “supera con creces al que ellos querían” cuando estaban en el gobierno. El teniente de alcalde ha calificado de “esperpento” las acusaciones de AIG y ha defendido que el nuevo pliego “mejora el servicio y las condiciones laborales, a diferencia de la situación de precariedad que existía bajo la gestión anterior”.
PSOE y Adelante coinciden en la municipalización
Desde la oposición la suspensión cautelar de este procedimiento ha sido acogida como una muestra de la “falta de gestión” del alcalde, Bruno García, y su equipo al frente del Ayuntamiento de Cádoz. Tanto el PSOE como Adelante Izquierda Gaditana defienden que la municipalización es la única solución para acabar con los problemas en el servicio y en las condiciones de la plantilla.
Desde el PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento, Óscar Torres, ha señalado que la suspensión cautelar de la licitación es una prueba más de la “mala gestión” del equipo de gobierno de Bruno García. Torres ha lamentado que el Ayuntamiento no haya sido capaz de garantizar un pliego adecuado que proteja los derechos de las trabajadoras y garantice la calidad del servicio para los usuarios. Para el PSOE, la única solución viable para acabar con la precariedad laboral de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio es la municipalización del servicio, que, según Torres, aseguraría mejores condiciones tanto para las empleadas como para las personas dependientes que dependen de su trabajo.
El portavoz socialista ha recordado que las trabajadoras llevan años esperando mejoras en sus condiciones laborales y ha insistido en que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad. “No podemos permitir que estas trabajadoras vuelvan a la casilla de salida por una gestión deficiente del Ayuntamiento”, afirmó Torres, quien también criticó la falta de agilidad en la tramitación de otros pliegos importantes para la ciudad.
Por su parte, Carlos Paradas, concejal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG), ha sido igualmente contundente en sus críticas. Paradas ha calificado de “irresponsable” la gestión del alcalde y ha señalado que la paralización de la licitación es un reflejo de la falta de voluntad política del equipo de gobierno para abordar la solución definitiva, que, en su opinión, es la municipalización del servicio.
El edil de AIG ha recordado que el pliego actual no resuelve las condiciones de precariedad de las trabajadoras y ha lamentado que, a pesar de contar con más información y un marco regulatorio claro, el Ayuntamiento “ha vuelto a fallar”. Paradas ha insistido en que la municipalización es la opción más rentable y justa, y ha subrayado que la situación de incertidumbre generada por la suspensión cautelar del proceso podría haberse evitado si el Ayuntamiento hubiera apostado por este modelo desde el principio.
