El Ayuntamiento de Cádiz modifica el PGOU para limitar el uso turístico en suelo residencial

El Consistorio limita el uso turístico en suelos de viviendas y amplía la protección urbanística al extramuros

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El alcalde, Bruno García, con sus dos primeros tenientes de alcalde. Foto: Eulogio García.

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impedirá la transformación del suelo residencial en hoteles o apartamentos turísticos.

La medida, anunciada este 21 de marzo de 2025 tras la Junta de Gobierno Local por el alcalde Bruno García, tiene como objetivo regular de manera más estricta los usos permitidos en las áreas residenciales de la ciudad, tanto en el casco histórico como en la zona de extramuros.

La decisión se enmarca dentro de un conjunto de acciones impulsadas por el actual equipo de Gobierno local, que ya había aprobado la suspensión del registro de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad mediante una modificación previa del PGOU. Esta suspensión, hasta ahora limitada al casco histórico, podrá ahora ampliarse a extramuros, donde en la actualidad se permitía la instalación de viviendas turísticas en las plantas baja, primera y segunda de los edificios residenciales.

El alcalde ha señalado que esta nueva modificación estará amparada por el decreto recientemente publicado por la Junta de Andalucía, que faculta a los municipios a establecer limitaciones adicionales sobre las actividades de hospedaje en suelos residenciales.

Según lo expresado por Bruno García, la medida implicará que tanto hoteles como apartamentos turísticos quedarán prohibidos en suelos destinados a uso residencial, quedando únicamente exentas aquellas fincas catalogadas con Grado cero de protección, una categoría que afecta a un número reducido de edificios en la ciudad. Hasta ahora, también era posible habilitar alojamientos en fincas con Grado 1 de protección, posibilidad que quedará eliminada con la aprobación de la modificación.

La nueva normativa también afectará a los bajos comerciales de los edificios residenciales. Aunque estos podrán seguir teniendo usos comerciales, quedará prohibido el uso de hospedaje, lo que impedirá la creación de apartamentos turísticos en dichos espacios.

El alcalde ha recordado que la normativa no afectará a la oferta turística actual de la ciudad y ha afirmado que la intención de la modificación es regular de manera más estricta los usos urbanísticos para evitar la pérdida de suelo residencial. En este sentido, ha mencionado que la política del consistorio en materia de VUT ha supuesto la exclusión de 425 viviendas turísticas del registro por incumplir la normativa vigente, además de la imposición de sanciones a aquellos establecimientos que operaban fuera de la legalidad.

El procedimiento para la modificación del PGOU continuará su tramitación en las próximas semanas, en paralelo con otras acciones previstas por el Ayuntamiento.

Otros acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local

En la misma sesión de la Junta de Gobierno Local, se han aprobado varios asuntos adicionales. Entre ellos destaca la aprobación del proyecto para la reparación de la cubierta de una nave municipal de la delegación de Fiestas, ubicada en la calle Prado del Rey. La nave presentaba problemas de filtraciones y las obras, que saldrán a licitación por un importe de 174.415 euros, cuentan con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

En el apartado de políticas sociales, la Junta ha aprobado ayudas por un total de 28.880,17 euros. En concreto, se han autorizado 55 ayudas de emergencia social por un importe global de 18.085 euros; 11 ayudas económicas familiares por valor de 6.726 euros; 33 ayudas para el pago de la luz por un importe de 1.907 euros; y 26 ayudas para el pago del agua, que ascienden a 2.161 euros.

Además, se han aprobado bonificaciones específicas para pensionistas: cuatro para el pago de la luz y dos para el pago del agua. También se han autorizado 17 ayudas de cobertura energética anual y 28 suministros de agua vitales, destinados a cubrir necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad.

El equipo de Gobierno mantiene la tramitación de estas medidas como parte de la gestión ordinaria de los recursos municipales y en cumplimiento de las políticas de atención social establecidas.