El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha denunciado mediante una nota la exclusión de familias vulnerables en la promoción de vivienda social de Matadero, quedando fuera de la selección los demandantes que encabezan la lista de Procasa por motivos económicos. Para la concejala Helena Fernández, un hecho que demuestra que la Junta de Andalucía está “dejando de lado” a las familias más vulnerables al aplicar criterios que excluyen a las familias más necesitadas.
El Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a estas acusaciones recordando que fue el anterior equipo de Gobierno el que aprobó, en la Junta de Gobierno Local del 28 de junio de 2018, “la calificación de las 60 viviendas protegidas en régimen especial en alquiler, tras el informe favorable municipal ante la documentación presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)”.
Según fuentes municipales, en el punto aprobado por la Junta de Gobierno Local se establece textualmente que “la selección de las personas destinatarias de las viviendas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, recogidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; y la Orden 1 de julio de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas”.
Y eso es “lo que está haciendo la Junta”, ha confirmado el Consistorio gaditano. Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que “las obras de la segunda fase de Matadero se licitaron en mayo de 2021 y para ello hubo un acto de presentación con presencia de los medios de comunicación en el que estuvieron la consejera de Fomento de la Junta en aquel entonces, Marifrán Carazo, y en representación del Ayuntamiento los concejales de Urbanismo y Vivienda del anterior equipo de Gobierno, Martín Vila y Eva Tubío”.
“Allí se vuelve a hablar del régimen que van a tener las viviendas, es decir, de alquiler destinadas a familias que serán propuestas por el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. Ahí también se dijo que las rentas que se pagarían por inquilino iban a estar entre los 321 y 376 euros”, han subrayado fuentes municipales.
Finalmente, el Ayuntamiento de Cádiz mantiene que “las propuestas que se envían a la Junta parten de ese Registro de Demandantes en función del cumplimiento de las condiciones que ya se acordaron entre la Junta y el anterior Gobierno local”.
La guerra abierta entre PP y Adelante Izquierda Gaditana se ha trasladado posteriormente a las redes sociales. En X, la anteriormente conocida como Twitter, la formación de izquierdas ha respondido a estos argumentos asegurando que lo que establece dicho acuerdo “son unos criterios de máximos, no de mínimos, que es lo que sus compañeros en la Junta han inflado e impiden el acceso a las familias vulnerables”.
