El lanzamiento sobre la vivienda que ocupa Tamara Manzano, madre de 46 años con dos hijas menores, se ejecutará este martes 1 de abril tras la negativa del juzgado a suspender el desahucio.
La jueza rechazó ayer el recurso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que le presta apoyo legal, solicitando la paralización en base al Real Decreto-ley 1/2025, que permite suspender desahucios cuando se cumplen ciertos requisitos de vulnerabilidad.
El abogado de la Apdha, Luis García, presentó el escrito la semana pasada, la solicitud señalando que Tamara cumplía todos los requisitos exigidos por el decreto: vive en una vivienda pública sin título habilitante, tiene dos hijas menores a su cargo, se encuentra en situación de vulnerabilidad reconocida oficialmente por el Ayuntamiento y la vivienda no ha sido adjudicada a nadie más. Ayer, la jueza ha decidido continuar con el procedimiento de lanzamiento.
También a menos de 24 horas del desahucio, el Ayuntamiento de Cádiz trasladó a Tamara, a través de la Apdha, una propuesta de vivienda particular en régimen de alquiler. La llamada la realizó la primera teniente de alcalde, Maite González, en nombre del alcalde Bruno García. Según fuentes municipales, si Tamara acepta la oferta, Servicios Sociales aplicaría el protocolo habitual: asumiría el mes de fondo y un porcentaje mensual del alquiler en función de sus ingresos.
Tamara, sin embargo, aseguraba que no se le han facilitado detalles clave como el precio, el estado del inmueble, su ubicación o el porcentaje concreto que asumiría el Ayuntamiento. También se le exige un fiador, algo que no ha podido conseguir. “No me sirve. Ya lo intentó mi madre con mi hermano en otra ocasión ser avalista y no fue posible”, ha señalado. Además, recuerda que sus hijas padecen asma y necesita garantías sobre el estado de la vivienda.
Esta oferta llegó tras semanas de presión social, mediática y política. El pasado 21 de marzo, Tamara señaló que se le había citado en el Ayuntamiento para una reunión con el concejal de Asuntos Sociales, pero que acabó siendo una “encerrona” en el despacho de Alcaldía, donde también estaban el alcalde Bruno García, la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, y la abogada de Procasa, Maribel Bueso. Según relató, el tono fue tenso y no se ofreció ninguna solución clara.
Un proceso marcado por la incertidumbre y el silencio institucional
Tamara ocupa desde hace un año una vivienda de Procasa en la barriada de Guillén Moreno. Llegó a ella tras una trayectoria vital marcada por la violencia machista, el fallecimiento de su pareja, acoso en su anterior vivienda y una operación por cáncer de mama. Asegura que el piso no estaba adjudicado cuando entró, que informó de su situación a los Servicios Sociales y a Procasa, y que su intención siempre ha sido pagar un alquiler social.
La historia se conoció el pasado 11 de marzo gracias a una publicación en Cádiz Directo. Aquel mismo día, el concejal Pablo Otero la llamó para pedirle unos días. En los días siguientes, el caso generó una fuerte reacción política: PSOE, SUMAR y Adelante Izquierda Gaditana exigieron una solución urgente.
El alcalde, Bruno García, abordó el caso en rueda de prensa y defendió el desalojo en nombre del cumplimiento de la lista de demandantes. El PP llegó incluso a tachar de “bulo” la información de Cádiz Directo, pese a que las declaraciones del propio alcalde confirmaban su postura que, posteriormente, confirmaron fuentes municipales indicando a este medio que Procasa estaba en la obligación legal de iniciar este proceso.
Tamara ha negado en todo momento que se le ofreciera ninguna alternativa habitacional concreta y ha reiterado que no está pidiendo que se le regale nada, sino una vivienda en alquiler ajustada a sus ingresos y situación. En paralelo, ha entregado más de 200 firmas en el Registro del Ayuntamiento, recabado apoyos de asociaciones vecinales y acudido incluso al Defensor del Pueblo, donde también se sorprendieron por la ausencia de una alternativa pese al reconocimiento oficial de su vulnerabilidad.
Este martes 1 de abril, salvo un giro de última hora, Tamara Manzano y sus hijas serán desahuciadas sin que exista una solución habitacional efectiva y garantizada. La cuenta atrás ha terminado.
