El PP responde negando la mayor y devolviendo la responsabilidad a IU por la venta del suelo de Casitas Bajas

Cossi niega irregularidades y acusa a IU de “ensuciar el debate”, mientras la formación de izquierdas exige explicaciones en el Pleno Extraordinario de Vivienda

Actualizado:
El Gobierno local se ha defendido de la denuncia de IU negando la mayor. Foto: Eulogio García.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a la denuncia presentada por Izquierda Unida ante la Oficina Antifraude sobre la venta del suelo de Casitas Bajas a una empresa vinculada con el marido de la concejala de Vivienda.

El primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, ha negado la mayor, asegurando que ese suelo no es público y, con una especie de técnica del boomerang, acusando a la propia IU de haberlo vendido cuando ostentaba la Delegación de Urbanismo.

Cossi ha negado cualquier irregularidad y ha devuelto la responsabilidad a IU, asegurando que el suelo en cuestión “no es público” y que fue adquirido por un privado “cuando IU estaba al frente de Vivienda y de Urbanismo”.

La denuncia de IU, adelantada por la Cadena SER, alertaba sobre un “posible conflicto de intereses” en la operación, al considerar que la venta podría beneficiar a una promotora privada vinculada al marido de la concejala de Vivienda y presidenta de la empresa municipal PROCASA. Desde la formación de izquierdas señalaron que el alcalde, Bruno García, debía dar explicaciones y garantizar que el suelo público de la ciudad no terminara en manos privadas de manera opaca.

Frente a estas acusaciones, Cossi ha insistido en que el actual equipo de Gobierno no ha realizado ninguna modificación sobre la situación del suelo desde el cambio de mandato en 2021. Según ha explicado, la compra de las parcelas de Casitas Bajas comenzó en 2019 y culminó en 2021, “todo en la etapa de IU en Vivienda y en Urbanismo”. Además, ha asegurado que la única acción llevada a cabo por el Ayuntamiento ha sido inadmitir el proyecto de reparcelación presentado por la empresa propietaria del suelo y descartar su adjudicación directa.

Ausencia del alcalde y retraso en la respuesta

Más allá del contenido de la respuesta, hay dos aspectos que llaman la atención. En primer lugar, nuevamente ha sido José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, quien ha salido a apagar un fuego político, en lugar de la concejala de Vivienda, que es la principal señalada en la denuncia, o del propio alcalde, Bruno García. A pesar de que la denuncia apunta directamente a la gestión de la vivienda en la ciudad, ni la edil responsable ni el regidor han salido públicamente a defender la postura del equipo de Gobierno.

En segundo lugar, el Ayuntamiento ha tardado ocho horas en dar una respuesta oficial, después de que la Cadena SER adelantara la denuncia de IU. Un silencio prolongado en un asunto que ha generado un fuerte revuelo político en la ciudad, y que ha servido para alimentar el debate sobre la transparencia en la gestión del suelo público.

El Ayuntamiento defiende la transparencia y acusa a IU de ensuciar el debate

Cossi ha insistido en que “los aprovechamientos públicos saldrán a subasta pública”, garantizando que la operación será completamente transparente y que no cabe ningún conflicto de intereses. Además, ha destacado que esta actuación está enmarcada en el proyecto Tacita de Plata, que prevé la construcción de 209 viviendas públicas para revitalizar la zona.

Por otro lado, el primer teniente de alcalde ha lamentado que IU intente “enfangar y ensuciar” el debate sobre la vivienda en la ciudad justo en vísperas del Pleno Extraordinario de Vivienda, en el que el equipo de Gobierno presentará sus propuestas en esta materia. Según Cossi, la denuncia de IU busca desviar la atención del debate real sobre la vivienda en Cádiz y generar confusión entre la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento defienden que la operación sigue todos los cauces legales y que la oposición trata de generar “ruido político” en lugar de contribuir con propuestas a la mejora de la situación habitacional en la ciudad. Con el Pleno Extraordinario en el horizonte, la polémica sigue abierta y tanto IU como el equipo de Gobierno mantienen sus posiciones enfrentadas sobre la gestión del suelo de Casitas Bajas.

La denuncia de IU: sospechas sobre un posible conflicto de intereses

Desde IU Cádiz insisten en que la operación de venta del suelo de Casitas Bajas puede suponer un “grave conflicto de intereses”, al estar relacionada con una empresa vinculada al marido de la concejala de Vivienda, quien además preside PROCASA, la empresa municipal encargada de la gestión de la vivienda en la ciudad. La formación de izquierdas asegura que esta situación genera dudas sobre la imparcialidad del proceso y sobre si el suelo municipal se está gestionando en beneficio de intereses privados.

IU también ha cuestionado la estrategia del Partido Popular en materia de vivienda, asegurando que se está llevando a cabo un proceso de “privatización encubierta” del suelo público. Según han denunciado, el modelo del PP en Cádiz sigue la misma línea que en otros puntos de Andalucía, donde la formación ha sacado a la luz “subvenciones dudosas y adjudicaciones polémicas” a empresas del entorno ideológico de la derecha.

Además, desde IU han alertado de que no se trata de un caso aislado, sino que forma parte de un modelo de gestión que se ha repetido en otras operaciones urbanísticas recientes en la ciudad, como en Náutica o Campo de las Balas. En este sentido, han afirmado que estarán “vigilantes” ante cualquier intento de venta de suelo público que no garantice la máxima transparencia y equidad.

Por último, IU ha exigido explicaciones al alcalde Bruno García en el Pleno Extraordinario de Vivienda que se celebrará mañana. La formación de izquierdas considera que el regidor debe aclarar si tenía conocimiento de esta situación y qué medidas va a tomar para garantizar que no haya ningún tipo de favoritismo en la gestión del suelo municipal.

Con el Pleno en el horizonte, la controversia sigue abierta y el enfrentamiento entre IU y el equipo de Gobierno parece lejos de resolverse. Mientras el PP defiende la legalidad y transparencia de la operación, IU insiste en que existen motivos suficientes para que la Oficina Antifraude investigue el caso. La batalla política por el suelo de Casitas Bajas acaba de empezar.