La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez, ha lanzado duras críticas hacia el proceso que la Junta de Andalucía ha emprendido con la octava fase del proyecto de construcción en el Cerro del Moro, un barrio tradicionalmente obrero que ha vivido múltiples transformaciones a lo largo de las décadas. Según Álvarez, las decisiones del gobierno autonómico están marcadas por una estrategia que prioriza el beneficio económico sobre los derechos de los residentes, quienes, en sus palabras, están siendo presionados para renunciar a sus viviendas y aceptar un acuerdo que los despoja de la propiedad en favor de un régimen de alquiler.
En una reciente comparecencia, Álvarez detalló que la Junta ofrece entre 30.000 y 37.000 euros por cada vivienda pública de los residentes del Cerro del Moro, un precio que considera “irrisorio” en comparación con el valor real de un hogar en la zona. Este esquema implica que los propietarios actuales pierdan el derecho sobre sus viviendas, trasladándolos a un régimen de alquiler con opción de compra que solo podría ejercerse al cabo de 50 años. “Ninguno de ellos llegará en vida a poder comprar su vivienda, una vivienda que ya tenían en propiedad pero que ahora la Junta de Andalucía les arrebata a cambio de un precio ridículo”, subrayó la concejala, dejando claro el perjuicio irreversible que implica esta medida para los vecinos.
Álvarez no se detuvo en señalar solo las consecuencias económicas y sociales inmediatas para los residentes. La edil socialista acusó a la Junta de Andalucía de actuar bajo un interés puramente mercantilista, indicando que esta no es la primera vez que las políticas del gobierno regional se inclinan por lo lucrativo en lugar de por lo social. “La Junta parece que solo viene a Cádiz a hacer negocio con los suelos de nuestra ciudad”, remarcó, recordando episodios previos como la subasta de los terrenos de Náutica y la venta de la residencia del Tiempo Libre, operaciones que según ella tenían como fin generar grandes sumas de dinero sin priorizar las necesidades locales.
La situación en el Cerro del Moro, un barrio históricamente resiliente y símbolo de la lucha de la clase trabajadora gaditana, se ve comprometida ante esta nueva maniobra. Según Álvarez, lo que se perfila como un plan de regeneración urbana encubre en realidad una forma de trasladar a los vecinos a viviendas que no poseerán, mientras la Junta se asegura la posesión de los terrenos originales para su posterior venta o desarrollo. Este movimiento, criticó, deja a los residentes con pocas opciones reales de recuperar la propiedad de sus hogares.
El papel de Bruno García
En sus declaraciones, Natalia Álvarez no omitió referirse a Bruno García, miembro del Partido Popular y figura clave en la política gaditana. Según la concejala, García ha actuado como el “cómplice perfecto” de la Junta de Andalucía, sin proteger los intereses de los vecinos que debería representar. “Bruno García está permitiendo que la Junta siga adelante con un proyecto que no solo engaña a los vecinos, sino que los deja en una situación de vulnerabilidad y pérdida patrimonial”, afirmó. Sus palabras apuntaron a una acusación de connivencia entre García y el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta, a quien responsabilizó de perpetuar políticas que no benefician a los gaditanos.
La estrategia que sigue el gobierno autonómico, según Álvarez, implica desplazar a los residentes del Cerro del Moro para transformar el área en un bien transable y potencialmente rentable en el mercado inmobiliario. A pesar de la promesa de nuevas viviendas, la concejala insiste en que el régimen de alquiler con opción a compra es una trampa que condena a los residentes a pagar durante años sin la certeza de volver a poseer su hogar.
Críticas al modelo
Este tipo de intervenciones urbanísticas, en palabras de Álvarez, podrían representar un precedente alarmante en Cádiz y otras ciudades de Andalucía. La política de expropiación encubierta, a su juicio, va en contra de los intereses de las comunidades locales y se enfoca en maximizar ingresos estatales por medio de la especulación del suelo. ”Los vecinos del Cerro del Moro no son un número ni una estadística; son familias que han luchado por sus viviendas y que ahora ven cómo la Junta pretende hacer negocio con sus sacrificios”, remarcó.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha defendido sus planes, argumentando que el proyecto del Cerro del Moro busca modernizar el barrio y ofrecer viviendas de calidad. Sin embargo, las voces críticas, como la de Álvarez, resaltan que esa modernización no debe implicar que los vecinos pierdan derechos tan básicos como la propiedad de sus viviendas.
La concejala concluyó su intervención con un mensaje directo a los responsables políticos, exigiendo un replanteamiento que proteja a los gaditanos y su acceso a una vivienda digna. ”No se puede permitir que la regeneración urbana sea sinónimo de desposesión. Los vecinos necesitan garantías, no promesas vacías”, sentenció, reafirmando el compromiso del PSOE de Cádiz con la defensa de los residentes y su derecho a mantener la propiedad sobre sus hogares.