El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha alertado de un posible intento de privatización de los servicios sociales dependientes de la Diputación Provincial de Cádiz. La preocupación del grupo socialista apunta a la creación de un organismo autónomo que gestionaría diversos servicios, entre ellos las residencias de mayores y el programa de drogodependencias, afectando a miles de usuarios y a unos 450 trabajadores.
En una rueda de prensa ofrecida por Torres, se anunció la presentación de una moción en el próximo pleno municipal del 28 de noviembre, donde se instará al Ayuntamiento de Cádiz a solicitar a la Diputación que mantenga el actual modelo de gestión directa en el área de servicios sociales.
Según Torres, “el PP pretende cambiar un sistema que hasta ahora ha funcionado de forma directa y eficaz, abriendo la puerta a una privatización que perjudicaría a trabajadores y usuarios”.
Esta iniciativa llega en un contexto de creciente tensión sindical. Las organizaciones UGT, CCOO y CSIF han convocado concentraciones a lo largo del mes de noviembre para expresar su rechazo a este proyecto. Según los sindicatos, la creación de un organismo autónomo podría debilitar las garantías laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios prestados.
Impacto directo en las residencias de mayores y drogodependencias
La medida propuesta por la Diputación afectaría a infraestructuras clave como la residencia Matía Calvo en Cádiz, la residencia El Madrugador en El Puerto de Santa María y la futura residencia de Santa Margarita en La Línea de la Concepción. Esta última forma parte del acuerdo político alcanzado en junio de 2023 entre el Partido Popular y La Línea 100×100 para garantizar la estabilidad del gobierno provincial.
Óscar Torres recordó que Bruno García, actual presidente provincial del PP, fue quien rubricó dicho pacto. “Ahora es responsabilidad suya detener esta modificación en la gestión de los servicios sociales, que tendrá graves consecuencias para miles de gaditanos y gaditanas”, subrayó el portavoz socialista.
Otro de los servicios que pasaría a depender de este nuevo organismo autónomo son los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA), esenciales en la lucha contra las drogodependencias. Estos centros son vitales para atender a los colectivos más vulnerables de la provincia, proporcionando un servicio social de alto impacto y con un enfoque integral en la rehabilitación.
Contexto político y social
La propuesta del organismo autónomo no es un tema aislado, sino que se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de los servicios públicos en la provincia de Cádiz. Para el PSOE, la posible privatización de servicios sociales contradice el principio de garantizar prestaciones universales y de calidad, especialmente para los sectores más desfavorecidos.
Desde el punto de vista político, la polémica añade tensión a la relación entre los partidos en la Diputación. El acuerdo entre el PP y La Línea 100×100, que permitió a los populares consolidar su liderazgo provincial, se encuentra en el trasfondo de esta disputa. La apertura de la residencia de Santa Margarita, incluida en el pacto, se utiliza ahora como un argumento clave para justificar el cambio de modelo de gestión.
Reacciones y futuro del debate
El rechazo a la creación de este organismo autónomo no solo ha venido de la oposición política y los sindicatos, sino también de organizaciones sociales y trabajadores de los servicios afectados. Los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de esta propuesta, especialmente con la moción del PSOE en el pleno municipal.
El debate pone en el centro la importancia de garantizar que los servicios sociales no solo se mantengan en funcionamiento, sino que lo hagan bajo un modelo que respete tanto los derechos de los trabajadores como las necesidades de los usuarios.
