El protagonismo del apellido Carranza en la actualidad gaditana se ve aumentado estos días con dos propuestas en los plenos de la Diputación (aprobado hoy) y el Ayuntamiento de Cádiz (mañana) para que no se recupere para el estadio de la ciudad y el anuncio del posible cambio de nombre del Puente José León de Carranza.
Son personas distintas, pero ambas fueron alcaldes franquistas de la ciudad (Ramón el padre y José León el hijo) y parece que en ambos casos con lazos con los golpistas, más allá de los evidentes de Ramón, primer alcalde franquista de la ciudad en la que aterrizó en avioneta en la Playa de la Victoria tras ser designado por Queipo de Llanos.
Según publica hoy Diario de Cádiz, el Gobierno está evaluando la posibilidad de renombrar el emblemático Puente José León de Carranza, una estructura que conecta Cádiz con Puerto Real y que es un símbolo fundamental para el tráfico y la vida cotidiana de la Bahía. Este debate ha surgido como parte de la revisión de nombres asociados a figuras del pasado franquista, un proceso impulsado por la Ley de Memoria Democrática.
El puente, inaugurado en 1969, fue nombrado en honor a José León de Carranza Gómez-Pablos, alcalde de Cádiz durante los años posteriores a la Guerra Civil, quien desempeñó un papel relevante en la consolidación del régimen franquista en la ciudad. Su trayectoria, estrechamente ligada al régimen, y su relación con acontecimientos de la historia, han llevado a que sectores de la sociedad pidan una reevaluación de este homenaje.
Además de su labor como alcalde, la figura de José León de Carranza ha sido objeto de controversia debido a sus vínculos familiares y personales con momentos cruciales del franquismo. Su padre participó directamente del golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo en 1932, un hecho que marcó el inicio de su implicación con los sectores golpistas.
José León también tuvo una participación directa en estos movimientos. Estuvo encarcelado por su participación en aquel intento golpista, permaneciendo en prisión hasta la amnistía otorgada en 1934. Estos datos añaden un contexto significativo a la evaluación que se hace de su figura, en el marco de un debate sobre el papel de los símbolos en los espacios públicos y su posible impacto en la memoria colectiva.
La Ley de Memoria Democrática y el impacto en los nombres públicos
La Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022, tiene como objetivo eliminar vestigios que ensalcen figuras asociadas al franquismo y otras dictaduras. En este contexto, el nombre del puente ha sido objeto de debate entre defensores de la memoria histórica y quienes argumentan que se trata de un homenaje a un alcalde destacado por su labor en el desarrollo urbano de Cádiz.
El Ayuntamiento de Cádiz, liderado actualmente por el alcalde Bruno García, ha manifestado que cualquier decisión se tomará de manera consensuada y atendiendo al sentir de la ciudadanía. Sin embargo, desde sectores sociales y asociaciones vinculadas a la recuperación de la memoria histórica, se ha solicitado que el cambio sea inmediato, argumentando que el mantenimiento de este nombre contradice los principios de reparación y justicia promovidos por la normativa.
Un debate que divide opiniones
El posible cambio de nombre no ha estado exento de críticas. Algunos residentes defienden que el Puente José León de Carranza simboliza el progreso económico y social de la región durante el siglo XX, siendo un hito de la ingeniería española de su época. Para otros, mantener esta denominación representa perpetuar un homenaje a una figura vinculada a un régimen autoritario.
Este debate no solo se da en Cádiz. A nivel nacional, la revisión de nombres y símbolos está generando tensiones políticas, con sectores que consideran que estas medidas son divisivas y otros que las ven como un paso necesario para cerrar heridas del pasado.
Por ahora, el Gobierno ha pedido informes técnicos y consultas públicas para decidir sobre el futuro del nombre del puente. Mientras tanto, el debate sigue vivo en la sociedad gaditana, entre quienes valoran la importancia histórica del puente y quienes insisten en la necesidad de adaptarlo a los valores democráticos actuales.
La decisión final marcará un precedente en la gestión de los símbolos públicos y será un nuevo capítulo en el proceso de revisión histórica que vive España.
