La formación Izquierda Unida (IU) de Cádiz ha solicitado que las viviendas protegidas proyectadas en el terreno de Navalips, situado en la Zona Franca de Cádiz, sean de titularidad pública y en régimen de alquiler. Este planteamiento surge en respuesta al Plan de Reforma Interior anunciado por la Zona Franca y el Ayuntamiento, que contempla la construcción de 800 viviendas, de las cuales la mitad serían viviendas protegidas y la otra mitad viviendas libres.
Según la portavoz de IU, Marga Forné, el proyecto podría convertirse en «una oportunidad perdida para los vecinos de la ciudad» si no se garantiza que estas viviendas sean accesibles a las familias y jóvenes de la zona, alineándose con el Plan Estatal de Vivienda promovido por el Gobierno central.
Forné expresó su inquietud ante el hecho de que solo el 50 por ciento de las viviendas del proyecto esté destinado a vivienda protegida, una cifra que, aunque superior al mínimo legal, resulta insuficiente considerando que el suelo es de titularidad pública. “Estamos hablando de suelo que es de todos, y, por tanto, el interés social debería prevalecer sobre cualquier afán de lucro”, enfatizó Forné. “Nos preocupa que la Zona Franca solo contemple la mitad de las viviendas como protegidas, ya que, al ser un terreno público, el objetivo debería ser el beneficio social en lugar de la rentabilidad inmediata”, añadió.
Además, la portavoz de IU subrayó que los precios de las viviendas libres en Cádiz han alcanzado niveles “desorbitados“ y se encuentran fuera del alcance de muchas familias gaditanas. “No podemos permitir que estos proyectos queden en manos de especuladores o de compradores de segundas residencias que vienen de fuera, dejando a los vecinos sin posibilidades reales de acceso a una vivienda en su ciudad“, declaró Forné, quien insiste en que el mercado inmobiliario en Cádiz está “completamente distorsionado” debido a estos factores.
Críticas al régimen de “vivienda protegida”
Marga Forné también expresó su desacuerdo con el régimen de venta propuesto para las viviendas protegidas en Navalips. Según la portavoz, el reciente ajuste en los precios de los módulos de vivienda protegida, impulsado por la administración de Moreno Bonilla, ha permitido un aumento en el coste del metro cuadrado hasta 2.500 euros. «Esto quiere decir que una vivienda de 80 metros cuadrados, que debería ser accesible, podría llegar a costar más de 200.000 euros. Y, si le añadimos garajes, trasteros y áreas comunes, los precios pueden dispararse hasta 250.000 euros”, explicó Forné.
IU también destaca que la protección de estas viviendas está limitada a solo siete años, tras los cuales las propiedades podrían pasar a integrarse en el mercado libre. «No podemos hablar de vivienda protegida cuando, en realidad, después de un corto periodo estas viviendas se convierten en otro producto del mercado, a precios fuera del alcance de la mayoría”, criticó Forné.
En relación con las necesidades de vivienda en Cádiz, Forné hizo hincapié en que “el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda lleva tiempo reflejando que lo que hace falta en la ciudad son viviendas en régimen de alquiler, sobre todo para los jóvenes, que con los bajos salarios y las actuales condiciones bancarias no pueden acceder a la compra de una vivienda”. Añadió que el proyecto tal y como se ha planteado “solo agravará el problema de acceso a la vivienda en Cádiz”.
Iniciativas de IU para viviendas en alquiler y parque público
Ante esta situación, IU Cádiz está considerando varias iniciativas, entre ellas la presentación de alegaciones al Plan de Reforma Interior. “Nos planteamos que estas viviendas de protección oficial no se vendan, sino que se ofrezcan en alquiler y que permanezcan en el parque público de viviendas de Cádiz, cumpliendo así con la Ley de Vivienda, que da prioridad a la protección pública en el acceso a la vivienda”, señaló Forné.
La portavoz de IU subrayó que, en su opinión, Cádiz debería recibir el mismo trato que otras ciudades en cuanto al desarrollo de viviendas públicas. “La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) está comprando suelo en otras localidades para facilitar viviendas públicas, en colaboración con el Ministerio de Defensa. Cádiz merece la misma consideración y que sus terrenos públicos no sean objeto de una especulación inmobiliaria”, afirmó Forné. Según la portavoz, tanto la Zona Franca como el Ayuntamiento deberían “asumir un compromiso claro en favor del acceso a la vivienda de los gaditanos y no mirar solo por los beneficios inmediatos”.
