El comité de empresa de la actual concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz, Domus Vi, ha emitido un comunicado en el que reclama al Ayuntamiento que valore la municipalización del servicio ante los últimos acontecimientos y la suspensión cautelar de la licitación. Una municipalización que supondría un ahorro millonario al Consistorio.
La suspensión, ordenada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial tras una denuncia de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), ha dejado en el aire la adjudicación del nuevo contrato, que el Ayuntamiento había presentado como un avance en las condiciones laborales de las trabajadoras y en la calidad del servicio a comienzos del mes de septiembre.
En este comunicado, el comité de empresa recuerda que ha trabajado por una “dignificación real” de la plantilla, que se concretó en un acuerdo histórico firmado en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía). Según el comité, el acuerdo del SERCLA garantiza las mejoras acordadas para las trabajadoras, independientemente de qué empresa resulte adjudicataria en el proceso de licitación.
Desde el comité se apuesta por la municipalización como única solución a la situación, como ya hizo la oposición municipal (PSOE y Adelante Izquierda Gaditana). Pero los representantes de la plantilla lo hacen, además, con números en la mano y argumentando el ahorro que le supondría a las arcas municipales, que cifra en en torno a 1,4 millones al año. Si se tiene en cuenta que la licitación que ha sacado a concurso el Ayuntamiento es para cuatro años, el ahorro total estimado sería de 5,6 millones de euros.
Esta cifra, argumentan, aliviaría las arcas municipales y permitiría al Consistorio redirigir estos fondos a otros servicios esenciales. Para el comité, este ahorro sería una razón de peso para que el Ayuntamiento considere seriamente la opción de municipalización como una vía tanto de optimización de recursos como de fortalecimiento de la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.
“Lo decimos alto y claro: el Ayuntamiento ya está perdiendo el tiempo en plantear la municipalización”, argumentan, señalando que con la gestión directa el Ayuntamiento se ahorraría el 13 por ciento de gastos generales y el 7 por ciento de beneficio industrial, lo que equivaldría a un ahorro de aproximadamente 1.400.000 euros anuales.
Según el comité, asumir el servicio de forma directa no solo reduciría costes, sino que también consolidaría las mejoras acordadas en el SERCLA y permitiría evitar situaciones de precariedad laboral para las trabajadoras. “Hace falta valentía y creer en lo público”, concluye el comunicado, en el que insisten en que el modelo de gestión privada únicamente beneficia a las empresas a costa del dinero público y del esfuerzo de las trabajadoras.
Desde el comité de empresa consideran una “barbarie” que asociaciones empresariales sigan argumentando que los derechos laborales de las trabajadoras hacen inviable el contrato, mientras “ponen la mano para enriquecerse por no hacer nada a costa del recorte de derechos laborales del colectivo”.
El comité de empresa también ha subrayado que el Pliego de Condiciones establece un precio/hora de aproximadamente 20,50 euros, lo que representa una subida de más de 5 euros por hora en comparación con el anterior contrato, alcanzando un total de 392.000 horas de servicio.
Insisten en que estas condiciones son obligatorias para todas las empresas licitadoras y recuerdan que el acuerdo alcanzado en el SERCLA es independiente del pliego, por lo que su cumplimiento no debería justificar la ausencia de interés por parte de las empresas asociadas en la licitación.
El comité denuncia que el colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio ha sido “históricamente maltratado por el corporativismo de empresas representadas por estas asociaciones” y rechazan que la dignificación de sus condiciones laborales se presente como la causa de que no haya más empresas interesadas en el contrato. “Es una barbarie atribuir la no presentación de empresas a la mejora de los derechos laborales de las trabajadoras, quienes son las que realmente sacan adelante el servicio”, afirman en su comunicado.
