El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado a la Junta de Andalucía la anulación de 66 licencias de viviendas turísticas de las 112 que se han concedido en el primer semestre de este 2024. ”No vamos a permitir que se incumpla la normativa”, ha afirmado el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha explicado que estas viviendas no cumplen con los requisitos urbanísticos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad.
El proceso de concesión de estas licencias, según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, establece su concesión con la presentación de la propiedad de una declaración responsable de que cumple toda la normativa y requisitos para instalar una vivienda turística. Posteriormente, el consistorio, como en estos casos y en las 222 que ya pidió, solicita su anulación.
La problemática en la ciudad con la vivienda y en concreto con la proliferación de viviendas turística reabrió y actualizó el debate con el caso de María Muñoz Ladrón de Guevara, la mujer de 87 años que iba a tener que abandonar su vivienda en el número 9 de la calle Mesón, en el barrio del Pópulo, donde, temían familiares y entidades vecinales, se iba a instalar un piso turístico. Un caso que denunció la Plataforma de Amigos y Vecinos de El Pópulo y la familia en Cádiz Directo y que ha tenido un final feliz. La Fundación del Cádiz CF ha comprado el piso (a la anciana le solicitaban 147.000 euros para su compra), y dejará a la mujer viviendo en la casa que ocupa desde 1967 mientras viva.
Pero el debate sigue en la calle, con la creación de la plataforma Cádiz Resiste para luchar contra la turistificación. La anulación de estas licencias es una de las armas que tiene el Ayuntamiento para pelear contra esta problemática. Una anulación de estas licencias que, cabe recordar, es posible por la modificación de la normativa urbanística por parte del anterior equipo de Gobierno, de José María González, para impedir que se abrieran nuevas VTF (Viviendas con fines turísticos) en fincas de alta protección, es decir, la mayoría del casco histórico.
El Gobierno de Bruno García pidió ya la anulación de 222 licencias de este tipo de viviendas correspondientes a licencias del año pasado. Ahora ha solicitado que se anulen otras 66 de las licencias para viviendas turísticas de las otorgadas en lo que va de año. Así, el número de VFT legales en Cádiz subiría en estos primeros meses de 2024 en 46.
“No vamos a permitir que se juegue con el patrimonio de la ciudad”, ha afirmado García con rotundidad, quien ha explicado que estas viviendas no cumplen con los requisitos urbanísticos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad.
“Es nuestro deber velar por el cumplimiento de la normativa y proteger el casco histórico de Cádiz”, ha insistido el alcalde, quien ha recordado que el Ayuntamiento ya ha anulado 222 licencias de VFT en 2023.
El concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha detallado el proceso para la anulación de las licencias, que se basa en la detección de irregularidades por parte del Ayuntamiento y la posterior confirmación y anulación por parte de la Junta de Andalucía.
“Estamos trabajando en coordinación con la Junta de Andalucía para agilizar este proceso y evitar que las viviendas ilegales sigan operando”, ha señalado Cossi, quien ha añadido que “se están estudiando medidas para mejorar el control de las VFT y para evitar que se concedan licencias de forma indebida”.
