Minutos después de conocerse la sentencia del juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, el médico jubilado y portavoz de Marea Blanca, Antonio Vergara, ha atendido a Cádiz Directo para dar su primera valoración pública.
En un tono contenido, como es habitual en él, pero visiblemente afectado, ha declarado: “Siento pena y tristeza”, ya que considera que lo que se pretende con todo este proceso es «amedrentar a la ciudadanía para que no critique la labor de los políticos“.
La resolución judicial le impone una multa de 900 euros —tres meses con una cuota diaria de 10 euros— y el pago de las costas del juicio, tras haber sido declarado culpable de un delito leve de coacciones. La sentencia, revelada en primicia por La Voz del Sur, no es firme y podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
La condena tiene su origen en los hechos ocurridos el pasado 21 de junio de 2024, cuando Vergara accedió sin invitación a una reunión de participación ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz, convocada por el distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Según la sentencia, durante su intervención alzó la voz y señaló con el dedo a la directora del distrito, Sira Morales, exigiendo una reunión con Marea Blanca y criticando públicamente su gestión. La jueza ha interpretado esta actuación como una forma de presión, aunque leve, para forzar una decisión de la funcionaria, lo que encuadra en el tipo penal de coacciones.
La reacción de Vergara se ha producido de forma inmediata, en el mismo entorno en el que minutos antes había conocido el fallo. Arropado por su entorno, ha querido remarcar que la “indignación inicial” por la denuncia y el proceso judicial ha dado paso a otro sentimiento más profundo: “Lo que era indignación ahora se ha transformado en orgullo y emoción por el respaldo que hemos tenido”. En su valoración, lo verdaderamente importante es el apoyo social que ha recibido desde que se inició el caso, tanto en Cádiz como en otros puntos de Andalucía, algo que —según ha reconocido— le ha dado fuerza para sostenerse durante estos meses.
No obstante, ha sido tajante al valorar el contenido de la sentencia y su significado más allá del plano jurídico. “Siento una tristeza inmensa de que una responsable de la sanidad considere que una crítica sea un delito que se lleve a juicio. Eso es terrible”. Para Vergara, este tipo de respuestas institucionales no buscan justicia, sino generar un efecto intimidatorio. “Lo que se pretende es amedrentar a la población. A nosotros no nos van a intimidar, pero a mucha gente sí. Se lanza el mensaje de que si protestas, te estás jugando algo. Es gravísimo”.
La jueza, en su resolución, admite que los fines perseguidos por el activista podían ser legítimos —la denuncia del cierre de centros de salud por las tardes en verano y la falta de pediatras en horarios clave—, pero no acepta que se recurriera a una intervención directa sin estar autorizado ni convocado al acto. Considera probado que su intervención supuso una alteración de la reunión y que la responsable sanitaria no pudo continuar con su exposición, lo que constituye una coacción leve según el Código Penal.
Antonio Vergara ha adelantado que recurrirá la sentencia y no da por cerrado el proceso. “El recurso está en marcha. No comparto en absoluto el veredicto. No me parece justo ni adecuado”, ha afirmado. La apelación, una vez presentada, será resuelta por la Audiencia Provincial de Cádiz, que deberá pronunciarse sobre si existió realmente una actuación penalmente reprochable o si se trató, como sostiene la defensa, de un acto legítimo de protesta ciudadana en defensa de la sanidad pública.
