La condena al activista sanitario Antonio Vergara por un delito leve de coacciones ha provocado una oleada de reacciones políticas en Cádiz.
El Juzgado de Instrucción número 4 ha impuesto al portavoz de la Marea Blanca una multa de tres meses con una cuota diaria de 10 euros —900 euros en total— además del abono de las costas judiciales. La sentencia, todavía no firme, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz, como ya ha confirmado el propio Vergara.
El fallo considera probado que el pasado 21 de junio de 2024, durante una reunión de participación ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz, Vergara irrumpió en la sala sin invitación previa, alzando la voz y exigiendo una reunión con la directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, criticando su gestión en nombre de la Marea Blanca.
El tribunal entendió que su actuación constituyó una presión ilegítima que alteró el desarrollo del acto.
Tras conocerse la resolución, Antonio Vergara manifestó su desacuerdo con el veredicto: “El recurso está en marcha. No me parece justo ni adecuado”. Aseguró sentir “pena y tristeza” por lo que considera un intento de criminalizar la crítica social y la defensa de la sanidad pública.
La Junta de Andalucía, por su parte, defendió la sentencia a través de la Delegación Territorial de Salud en Cádiz. La delegada Eva Pajares declaró que “la notoriedad del señor Vergara no cambia los hechos ni el resultado judicial” y remarcó que “no hay nombres propios por encima del respeto institucional”. Afirmó también que “cualquier trabajador del sistema sanitario, sea cual sea su categoría, puede sentirse respaldado ante comportamientos que supongan presión, amenaza o insulto”.
Tras la sentencia, desde PSOE, Sumar y Adelante Izquierda Gaditana han mostrado públicamente su apoyo a Antonio Vergara y han cuestionado tanto la sentencia como el tratamiento político e institucional que ha recibido el caso. Los tres partidos coinciden en rechazar lo que consideran un intento de criminalizar la movilización ciudadana en defensa de los servicios públicos.
Sumar: “No podemos permitir que quienes alzan la voz para proteger lo que es de todos sean castigados”
La diputada gaditana y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, ha afirmado en nombre de Sumar que “es una tristeza que alguien como Antonio Vergara, que ha dedicado su vida a defender la sanidad pública, se vea envuelto en una condena judicial”.
Gil ha destacado que “Antonio Vergara representa esa lucha justa por una sanidad digna” y ha añadido: “Desde Sumar queremos dejar claro que apoyamos la movilización social en defensa de los servicios públicos y, especialmente, de la sanidad. No podemos permitir que quienes alzan la voz para proteger lo que es de todas y todos sean criminalizados o castigados”.
La diputada ha señalado también que “no podemos olvidar el contexto: un sistema sanitario público cada vez más debilitado, con profesionales agotados y con una ciudadanía que sufre las consecuencias de los recortes y la privatización encubierta”.
PSOE: Apoyo a Antonio Vergara y sus reivindicaciones
Desde el PSOE de Cádiz se ha trasladado su apoyo a Antonio Vergara y a sus reivindicaciones en defensa de la sanidad pública. A la espera de conocer la sentencia completa, desde la formación socialista han mostrado respaldo al activista gaditano como referente de una lucha social legítima por la protección del sistema sanitario público andaluz.
Adelante Izquierda Gaditana: “El PP amedrenta a la ciudadanía para acallar sus voces”
Adelante Izquierda Gaditana ha sido especialmente crítica con la sentencia y con el papel institucional de la Junta de Andalucía. “El PP amedrenta a la ciudadanía y a los colectivos sociales con el objetivo de acallar sus voces ante el desmantelamiento de la sanidad pública”, ha expresado la formación.
Su portavoz adjunta, Helena Fernández, ha calificado como “una barbaridad” que la delegada territorial de Salud en Cádiz, Eva Pajares, “haya comparado el caso con una agresión de un ciudadano a un profesional del SAS, cuando Vergara y las demás personas integrantes de la Marea Blanca estaban haciendo todo lo contrario: se encontraban en un contexto de concentración política en defensa de la sanidad pública ante un cargo político que se negaba a recibirlos”.
Fernández ha subrayado que Antonio Vergara accedió a la reunión con “una crítica razonada” ante el estado actual del sistema: “Los conciertos con el sector privado y el trasvase de financiación a esos centros, la falta de personal sanitario, las largas listas de espera, la imposibilidad de coger cita en tu propio centro de salud antes de dos o tres semanas, centros de salud abandonados…”.
Adelante también ha criticado que “el Partido Popular haya aprovechado esta acción de protesta para denunciar a su portavoz y, con esta estrategia, amedrentar a la gente y a los colectivos sociales”. Han advertido que “la situación va a peor con los dirigentes del PP y con Moreno Bonilla al frente del Gobierno andaluz”.
Por último, desde la coalición han expresado su deseo de que el recurso que presentará Vergara prospere: “Cuando se recurra esta decisión judicial, que entendemos fallida y muy mal argumentada, se corrija esta situación que ataca a todos y a todas tanto en el derecho a la libertad como en el derecho a una sanidad pública gratuita y universal”.
