Parecía que se lo olían o lo veían venir. O simplemente era una cuestión de tiempo. O que esta acción precipitó el anuncio del Ayuntamiento de hoy. Sea como fuera la coalición Sumar pidió precisamente esta semana al Gobierno que se pronunciara sobre la legalidad de un, entonces, hipotético nombre a Estadio Carranza del estadio del Cádiz CF.
La formación de izquierdas lo hizo a través de una pregunta parlamentaria registrada el jueves 24 de julio, en la que se dirigía a la Dirección General de Memoria Democrática y al Gobierno, sobre si tomaría medias si se producía el cambio que el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado hoy.
Quién sabe si el registro de esta pregunta ha precipitado los acontecimientos y el Ayuntamiento de Cádiz, en su afán por controlar los tiempos mediáticos, ha decidido adelantar el anuncio del acuerdo con el Cádiz CF para el cambio de nombre. Una hipótesis nada desdeñable visto el regate que hizo el alcalde, Bruno García, a una pregunta de la Cadena Ser en la presentación del Trofeo Ramón de Carranza (ya Trofeo Carranza) sobre si iba a cambiar el nombre del estadio.
La pregunta, firmada por la diputada por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y los diputados Toni Valero (líder de IU en Andalucía) y Nahuel González, pregunta taxativamente a la Dirección General de Memoria Democrática sobre la legalidad del cambio de nombre del estadio. Sumar pide que se aclare si la Dirección General de Memoria Democrática considera que la denominación “Carranza” para el estadio vulnera la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
Ambas leyes, tanto la estatal como la autonómica, estipulan claramente la obligación de retirar cualquier simbología o denominación que exalte a figuras vinculadas al régimen franquista. Ramón de Carranza, conocido por su participación en el golpe de Estado de 1936 y su posterior represión, es una figura que, según Sumar, no debe ser honrada en el espacio público.
Una pregunta que se había presentado antes de que se anunciara este cambio de nombre. La respuesta del Gobierno a esta pregunta será crucial para determinar si el cambio de nombre impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz es legal o si constituye una violación de las normativas de memoria democrática.
Además, Sumar plantea la cuestión de las acciones que el Gobierno está dispuesto a tomar en caso de que el Ayuntamiento de Cádiz decida proceder con el cambio de nombre por el de Estadio Ramón de Carranza o Estadio Carranza, como ha anunciado hoy el propio Ayuntamiento. Gil de Reboleño pregunta si el Gobierno adoptará medidas para restablecer la legalidad. Esto podría incluir intervenciones legales o administrativas para asegurar que las decisiones municipales no contradigan las leyes de memoria histórica y democrática. La claridad en la respuesta a esta pregunta es fundamental para establecer las responsabilidades y las posibles consecuencias legales para el Ayuntamiento de Cádiz.
Por último, el texto de la pregunta recuerda que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz ya preguntó por la posible ilegalidad del nombre Estadio Carranza, sin que haya recibido respuesta del Ejecutivo, al que le solicitaban un informe al respecto. Por lo tanto, un informe sobre la legalidad del nombre Estadio Carranza que podría estar ya avanzado y que, con el anuncio de hoy del Ayuntamiento, podría salir a la luz en breve.
Desde Sumar parece que preveían que se podría acometer este cambio de nombre y señalaba en su pregunta que “el mismo Ayuntamiento de Cádiz bajo mandato de Bruno García ha paralizado la colocación de los rótulos del Estadio con la denominación de Nuevo Mirandilla, bajo el pretexto de que “aún no han tomado una decisión al respecto”.
