Cuando queda menos de una semana para la fecha fijada para su desahucio, Tamara Manzano ha decidido acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir ayuda. Esta madre de 46 años, con dos hijas menores a su cargo, vive desde hace un año en una vivienda de Procasa en la barriada de Guillén Moreno, sobre la que pesa una orden de lanzamiento para el próximo 1 de abril.
Tamara asegura que en la oficina del Defensor del Pueblo han mostrado su “sorpresa“ por su situación, especialmente por el hecho de que el propio Ayuntamiento de Cádiz haya reconocido oficialmente su vulnerabilidad ante el juzgado, pero no le haya ofrecido ninguna alternativa habitacional a largo plazo.
“El Ayuntamiento reconoce que soy vulnerable, pero luego me deja en la calle con mis hijas y sin solución”, ha reiterado Tamara, que denuncia además haber sido informada de que podría contar con una pensión durante unos días, sin que se le haya concretado ninguna fecha, ni aportado documentación oficial ni detalles del porcentaje que tendría que pagar.
Tamara ha manifestado su intención de seguir agotando todas las vías posibles para frenar su desahucio y poder lograr una solución digna. En paralelo, continúa recabando apoyos vecinales —ya ha entregado más de 200 firmas en el Registro del Ayuntamiento— y cuenta con el respaldo de la Asociación Las Desamparadas.
Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha planteado una propuesta definitiva que garantice una vivienda o alternativa a medio plazo. Mientras, el reloj sigue corriendo.
La historia de Tamara Manzano
Tamara Manzano, madre de 46 años con dos hijas menores a su cargo, vive desde hace un año en una vivienda de Procasa, en la barriada de Guillén Moreno, en Cádiz. Llegó a ese piso tras haber atravesado una dura trayectoria vital marcada por el maltrato psicológico, la pérdida de su pareja, acoso en su anterior vivienda y una operación por cáncer de mama. Ocupó la casa —que, según ha explicado, no estaba adjudicada a nadie— con la intención de regularizar su situación: fue ella misma quien se puso en contacto con Procasa y con Servicios Sociales para pedir que le permitieran pagar un alquiler social.
Sin embargo, tras más de un año en la vivienda, se ha dictado una orden de lanzamiento para el próximo 1 de abril, y el Ayuntamiento, a través de Procasa, no le ha ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional estable.
El caso salió a la luz tras su publicación en Cádiz Directo, el pasado 11 de marzo, a casi tres semanas del desahucio. A una semana para el lanzamiento, Tamara solo tiene como alternativa municipal diez días en una pensión. Así, se han ido sucediendo los acontecimientos:
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- El mismo día de la publicación, el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, se puso en contacto con Tamara para pedirle unos días de margen y estudiar su situación.
- En los días posteriores, varios partidos de la oposición —PSOE, SUMAR y Adelante Izquierda Gaditana— denunciaron públicamente la actuación del Ayuntamiento y pidieron que se paralizara el desahucio y se buscara una solución digna.
- El 14 de marzo, el alcalde de Cádiz, Bruno García, abordó por primera vez públicamente el caso en una rueda de prensa. Afirmó que el Ayuntamiento había solicitado al juzgado la paralización del lanzamiento y defendió que no podía “saltarse la lista“ de demandantes de vivienda. Argumentó que ya se le había ofrecido a Tamara una pensión temporal mientras se le buscaba una alternativa.
- Ese mismo día, el Partido Popular acusó en redes sociales a Cádiz Directo de “bulo“ con su titular sobre la posición del alcalde, a pesar de que las declaraciones de Bruno García confirmaban que defendía que el desalojo debía ejecutarse si no había una alternativa dentro del marco legal.
- Tamara, por su parte, negó haber recibido ninguna propuesta formal de pensión o solución habitacional, y denunció sentirse sola, agotada y “tratada como una delincuente” por parte de la administración.
- En los días siguientes, Tamara acudió a Procasa para revisar su baremo en la lista de demandantes y registró más de 200 firmas de apoyo vecinal que reclaman que se le permita seguir en la vivienda o que se le ofrezca otra alternativa.
- El lunes 25 de marzo, tras mantener una reunión con Servicios Sociales, Tamara denunció que la única opción que se le plantea sigue siendo una pensión temporal de apenas unos días, sin garantías ni documentación. Afirma que le han sugerido que “se dedique a buscar un alquiler”, algo que considera inasumible con sus ingresos y en las condiciones del mercado de Cádiz, donde no encuentra pisos por menos de 850 euros y se le exige aval, fianza y varias nóminas.
- Ese mismo día, Tamara decidió acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para solicitar su amparo. En su relato, asegura que el personal de la oficina se mostró sorprendido por la contradicción entre el reconocimiento de su vulnerabilidad por parte del Ayuntamiento y la ausencia de una alternativa real a su desahucio.
- El martes 26 de marzo se conoció que el Real Decreto-ley 1/2025, en vigor desde el 29 de enero, permite suspender los desahucios como el de Tamara si se acredita vulnerabilidad y no existe alternativa habitacional. Tamara cumple todos los requisitos, pero ni su defensa ni el Ayuntamiento lo han invocado hasta ahora.
- Ese mismo día, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió públicamente la paralización del desahucio de Tamara Manzano y denunció que el Ayuntamiento de Cádiz haya llevado el caso por la vía penal, una medida poco habitual en casos de ocupación de vivienda por personas vulnerables.
A menos de una semana del lanzamiento, Tamara Manzano sigue sin solución. Solo ha recibido como propuesta verbal una estancia temporal en una pensión, y ninguna vía concreta para acceder a una vivienda digna. A contrarreloj, Tamara sigue llamando a todas las puertas posibles para evitar que el próximo 1 de abril ella y sus hijas acaben en la calle.
