El Cádiz de las licencias para viviendas turísticas congeladas, el de las más de 200 licencias para este fin anuladas por el Ayuntamiento sigue sufriendo en el día a día los dramas personales de la presión de un mercado que amenaza con acabar con barrios enteros. Nuevo caso que sale a la luz: una pareja de tendrá que abandonar la que ha sido su casa en el Barrio de la Viña desde hace 30 años. Todo apunta a nuevas viviendas turísticas, como en la finca contigua. Con o sin licencia, señalan.
Juan Manuel Cía Cano y Conchi López Gallego han vivido toda su vida en una casa situada en la calle Pasquín, esquina con Regimiento de Infatería. Durante 30 años, este hogar ha sido el refugio donde han criado a su hija y han acumulado innumerables recuerdos. Hoy, sin embargo, esa seguridad que tanto valoran está en peligro. La misma casa que les ha dado cobijo durante tres décadas podría ser arrebatada en cuestión de semanas, empujándolos a una incertidumbre que jamás imaginaron.
El 30 de septiembre están invitados a abandonarla amistosamente. Finaliza el contrato y después de muchas renovaciones y de no fallar en el alquiler, la propiedad (dos hermanos de Madrid) decide que darlo por finalizado. Juanma y Conchi tienen claro que el destino de su casa, y el de toda la finca, será el de viviendas turísticas. Como la finca de al lado. La ley del mercado. Sin alma, sin sentimiento, sin el más mínimo rastro de humanidad. Legal, seguramente. Inhumada, también.
La finca en la que vive esta pareja es diferente. Sin que le hayan hecho una obra desde hace casi 30 años, el inmueble aguanta a duras penas, tras caídas de vigas, entradas de agua y puntales. Una finca con un patio desde la primera planta y que conserva la que fuera cocina común en cada planta. 24 puntos para contadores de luz de los que solo hay activos cinco, los cuatro inquilinos y las zonas comunes. Además, dos pisos de la segunda planta están listos para entrar, aunque sin alquilar desde hace años.
Juanma, de 55 años, lleva tiempo luchando con una enfermedad cardíaca. Trabajó durante muchos años en el sector de la hostelería, pero ahora, con una válvula mitral que necesita ser reparada, no puede seguir trabajando. Cada día espera con ansiedad una llamada que le confirme la fecha de su operación, que confía será en septiembre. Mientras tanto, su esposa Conchi, de 49 años, trabaja como asistenta del hogar, ingresando los escasos 800 euros al mes que sustentan a la familia.
Con ese ingreso deben hacer frente a un alquiler de 430 euros, un coste que apenas pueden permitirse en una ciudad donde los precios del alquiler se han disparado. La situación es tan tensa que Conchi ha comenzado a tomar medicación para el estrés y la ansiedad que todo esto le está generando. “No puedo más, esto me está matando de nervios”, confiesa con preocupación.
El 2 de julio, esta familia gaditana recibió una noticia devastadora: un burofax les informaba que el contrato de arrendamiento de su hogar terminaría el 30 de septiembre. Sin explicaciones y sin alternativas, se les exigía la entrega de las llaves, poniendo fin a tres décadas de estabilidad. “Vamos allí, intentamos arreglarlo, a ver qué pasa, pero no nos dan ningún tipo de explicación, nos dicen a todo que no,” cuenta Juanma con resignación.
Pese a sus intentos por dialogar con la Cámara de la Propiedad y los administradores de la finca, solo encontraron silencio y negativas. En su desesperación, Juan Manuel y Conchi sospechan que el motivo detrás de este repentino desalojo es la venta del edificio para convertirlo en viviendas turísticas, una tendencia que se ha apoderado de muchas zonas de Cádiz.
La finca donde viven es un edificio pequeño, con solo cuatro vecinos, de los cuales dos tienen contratos de renta antigua. En el inmueble contiguo, tras ser vendido y renovado, la mayoría de los pisos se transformaron en apartamentos turísticos, salvo por una inquilina que pudo negociar su permanencia gracias a un contrato antiguo. Este fenómeno, que ha desplazado a tantos residentes de sus hogares, parece ser la misma amenaza que ahora se cierne sobre la familia de Juanma y Conchi. “Nosotros pensamos que esto es una inversión de ese tipo,” comenta Juan Manuel, refiriéndose a la posibilidad de que su casa sea convertida en pisos turísticos.
A pesar de haber sido inquilinos ejemplares durante todos estos años, cumpliendo puntualmente con sus obligaciones y cuidando del inmueble como si fuera suyo, ahora se encuentran ante la cruda realidad de no poder costear un alquiler en el mercado actual. “No podemos pagar un alquiler de 800 o 900 euros como están hoy en día,” confiesa Conchi con preocupación. La situación se agrava aún más por el estado de salud de Juanma, que le impide trabajar mientras espera su operación.
La familia ha buscado ayuda en las instituciones locales, pero el camino ha sido desalentador. Tras solicitar una reunión con el alcalde y el concejal de urbanismo, fueron remitidos a un abogado de Procasa, quien les explicó que, legalmente, no hay nada que puedan hacer. “Legalmente no tenemos nada que hacer,” les dijo el abogado, una respuesta que dejó a la familia sin muchas esperanzas. Los intentos de negociar con los propietarios actuales o los posibles nuevos dueños han sido infructuosos.
A pesar de haber solicitado el informe de familia vulnerable en Asuntos Sociales, les fue negado, dejándolos en una situación aún más precaria. “El informe de familia vulnerable se ha negado porque ahora, por lo visto, lo tiene que pedir un juez,” se lamenta Conchi, frustrada por la burocracia que les impide defenderse.
Ante la falta de apoyo institucional, la familia encontró respaldo en diversas plataformas y organizaciones. Antonio Gallardo, de la Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo, junto con la plataforma Cádiz Resiste, que lucha por un control en la proliferación de pisos turísticos, están siendo pilares fundamentales en su lucha. Además, están recibiendo asesoramiento de Facua y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) de Cádiz. “Estamos súper apoyados,” dice Conchi, refiriéndose al grupo que les ha ayudado a entender y enfrentar la situación. Gracias a esta red de solidaridad, han recibido orientación y apoyo moral, aunque la batalla legal sigue en pie.
La historia de Juan Manuel y Conchi no es un caso aislado. En Cádiz, la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos están desplazando a los residentes de toda la vida, a pesar de la congelación de licencias anunciada por el Ayuntamiento. Las paradojas de la vida son evidentes en cada esquina de la ciudad.
Al salir de su casa tras la entrevista, mientras se dirigían a tomar un café, un conductor les preguntó si podía aparcar en un tramo de Regimiento de Infantería, justo bajo su balcón. “He tardado menos en llegar desde Madrid que en encontrar aparcamiento”, comentó el hombre. Juanma le ayuda, y le informa que allí no puede aparcar pero le dice dónde puede hacerlo. “Hemos quedado ahora en La magnífica o en la selecta…”. En “La Sorpresa”, le dice Juanma, que le vuelve a recomendar algo allí. Poca turismofobia se ve en esa conversación pese a que la presión turística está a punto de echarlo de su casa de hace 30 años.
Este miércoles, la Plaza Antonio Martín será el escenario de un encuentro en la que se explicará al vecindario y al resto de la ciudadanía la situación de esta pareja.
