No parece haberle salido bien al Partido Popular (PP) la propuesta que ha llevado al Pleno Municipal del mes de junio para establecer un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía en materia de viviendas turísticas. Y no le ha salido bien porque parece que en este primer año de Gobierno de Bruno García no se ha hecho todo lo posible para frenar la proliferación excesiva y desmedida de los pisos turísticos en la ciudad. Incluso ilegal o fuera de regulación.
Y sobre todo no le ha salido bien porque su concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha reconocido que el PP se equivocó al no apoyar la normativa que propuso el anterior Ayuntamiento, con José María González, Kichi, para tratar de controlar la proliferación en la ciudad. Y porque, ese reconocimiento, no ha llevado aparejada una explicación de porqué posteriormente el PP, desde la Junta de Andalucía, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esta normativa municipal.
Da la sensación que el debate generado en la ciudad tras la publicación en Cádiz Directo del caso de María, la anciana de 88 años que iba a tener que abandonar su casa en el Pópulo donde parece que se iba a instalar un piso turístico, ha llevado al PP en el Ayuntamiento a querer dar un paso que no parece haber medido bien, ya que ha sacado de nuevo a la luz que fue el principal opositor a que en Cádiz se tratara de controlar este fenómeno de la turistificación.
Y eso pese al “ataque de sinceridad” de Cossi (como lo han definido desde Adelante Izquierda Gaditana) de reconocer esta semana en el programa La Orilla, de 7TV, y hoy en el Pleno que se equivocaron al no apoyar esa modificación que contó con los votos a favor del entonces equipo de Gobierno y del PSOE. Porque lo que ha pasado con la propuesta a Pleno del PP para pedir esa colaboración con la Junta en materia de turismo y con las declaraciones del edil de Urbanismo es que se ha recordado lo que llegó a hacer el PP para evitar que en Cádiz se pudiera controlar hace tres años un fenómeno que ahora parece desbocado. Y que ahora parece querer controlar el Ayuntamiento popular.
Cabe recordar, por tanto, que el Pleno municipal aprobó en noviembre de 2021 la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el Equipo de Gobierno para evitar la excesiva turistificación de la ciudad limitando la implantación de pisos turísticos en suelo residencial. No fue la primera vez que se llevó a Pleno, pero ahí los votos del Adelante Cádiz y del PSOE lograron la luz verde a esta normativa, pese al voto en contra del Partido Popular, que en el grupo municipal lideraba el hoy vicepresidente de Diputación, Juancho Ortiz.
Siguiendo con hemeroteca, casi un año después (en septiembre de 2022) la modificación fue aprobada definitivamente en el Pleno municipal y la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y con el hoy alcalde, Bruno García, como parlamentario por Cádiz, hizo suyas las reclamaciones de una patronal de empresas turísticas y recurrió ante el TSJA esta modificación. El máximo tribunal andaluz le dio la razón al Ayuntamiento presidido entonces por Kichi en mayo del año pasado, poco antes de las elecciones.
Durante todo ese tiempo, más los meses que transcurrieron desde que el equipo de Gobierno de Kichi empezó el proceso de esta modificación, se siguieron instalando pisos turísticos en Cádiz (legales o no) hasta la moratoria por un año que se abrió en noviembre de 2021. Tiempo en el que personas de Cádiz han tenido que abandonar sus viviendas para que se instalarán pisos turísticos, viviendas con fines turísticos (VFT), viviendas de usos turísticos (VUT) o cómo se le quieran llamar.
El propio Cossi ha dado cifras: el actual Ayuntamiento ha pedido a la Junta la anulación desde que entró de 288 licencias (66 en lo que va de año) más las 16 que anuló el anterior Ayuntamiento (salió del Gobierno en junio y la decisión del TSJA de ratificar la modificación es de comienzos de mayo).
Hoy, en el Pleno del mes de junio de 2024 del Ayuntamiento de Cádiz, se ha aprobado por unanimidad solicitar a la Junta “el establecimiento de un marco de colaboración permanente
con el Ayuntamiento de Cádiz para llevar a cabo un intercambio de información y datos que permita un control ágil, real y actualizado de la oferta turística”. Una propuesta que en la práctica lleva la petición de herramientas digitales para “monitorear” la situación de los pisos turísticos en la ciudad, como ha señalado el edil de Urbanismo, que se incrementen las inspecciones para localizar y sancionar viviendas turísticas ilegales y que se elabore un estudio, con la Universidad de Cádiz, para comprobar la situación actual en la ciudad (existe uno de 2019).
Silencios y ausencias
La nueva normativa de la Junta, aprobada en el mes de febrero, es la que, según José Manuel Cossi, le da pie a esta propuesta. Sin embargo, el equipo de Gobierno sigue guardando silencio cuando se le pregunta por la posibilidad de importar medidas como la no renovación de licencias y prohibición de pisos turísticos en Barcelona o las multas que intentó poner en marcha el Ayuntamiento de Santiago.
La propuesta del PP llega el día después de que el vecindario del Barrio del Pópulo se concentrara para protestar contra la turistificación en un acto que contó con numerosos apoyos de colectivos, pero en el que no hubo ningún representante del equipo de Gobierno municipal. Y a dos días de la convocatoria de la plataforma Cádiz Resiste de una concentración a nivel local en la plaza del Palillero (12:00 horas).
Una semana en la que, la citada plataforma, ha hecho públicos unos datos de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan que Cádiz es ya la capital andaluza con mayor densidad de Viviendas de Uso Turístico (VUT) por habitante, con 21 VUT por cada 1.000 habitantes. Esta cifra supera con creces las 19 VUT por cada 1.000 habitantes de Málaga y las 14 de Granada.
