La organización educativa Marea Verde ha denunciado la reciente decisión de la Delegación Territorial de Educación, que ha recortado una unidad de 1º de ESO en el instituto público Los Molinos de Conil de la Frontera, obligando a al menos siete estudiantes a matricularse en un centro religioso.
Según ha comunicado Marea Verde, los alumnos afectados habían solicitado plaza en el IES Los Molinos durante el procedimiento extraordinario de admisión celebrado en julio, pero fueron notificados por la Delegación Territorial de que serían escolarizados en el colegio privado concertado Jesús, María y José, de carácter religioso.
La explicación proporcionada a las familias se basa en que el IES Los Molinos ha completado sus cuatro unidades de 1º de ESO, con 30 estudiantes en cada una, tras el procedimiento de escolarización ordinario. Sin embargo, Marea Verde critica esta decisión, subrayando que hasta este curso el instituto contaba con cinco unidades de 1º de ESO. Para la organización, “el objetivo de la Delegación Territorial es recortar una unidad del instituto público y salir en auxilio de un colegio privado que tiene escasa demanda”.
Además, Marea Verde argumenta que el número de solicitudes recibidas durante el procedimiento extraordinario justificaría “sobradamente el mantenimiento de las 5 unidades de 1º de ESO del IES Los Molinos”, lo que permitiría “reducir la ratio y mejorar la calidad educativa”. La normativa educativa andaluza contempla la posibilidad de aumentar en un 10% el número máximo de alumnos por unidad, es decir, de 30 a 33, para atender al alumnado de incorporación tardía, situación en la que se encuentran varias familias que, por motivos laborales, han tenido que cambiar su residencia a Conil y no pudieron participar en el proceso de escolarización ordinario.
Marea Verde denuncia que “no existe justificación” para derivar a estudiantes a un centro educativo privado cuando la escuela pública “puede y debe atender” a estos alumnos, a menos que “el verdadero interés de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sea ayudar a sostener el negocio de las empresas privadas del sector educativo”.
La organización también resalta la gravedad de que las familias se vean forzadas a escolarizar a sus hijos en un centro religioso, “en contra de su voluntad y de su elección”, lo que consideran una violación del derecho constitucional a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Asimismo, recuerdan que el artículo 27.3 de la Constitución garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, un derecho que los poderes públicos deben proteger.
Marea Verde critica que la tan promocionada libertad de elección de enseñanza, defendida por el Partido Popular, “solo parece funcionar en un sentido, para justificar conciertos innecesarios de centros privados”. Sin embargo, cuando las familias optan por que sus hijos no reciban adoctrinamiento religioso, “esa libertad de elección se pisotea y los recortes en los centros públicos se producen a pesar de la demanda”.
Finalmente, Marea Verde solicita a la Delegada Territorial que “rectifique este atropello” y garantice las plazas en centros públicos para todos los alumnos que las hayan solicitado.
