Tras varios días de sorpresa e indignación desde que saltara la noticia de la exhibición de una bandera franquista de grandes dimensiones en una casa de Bornos visible desde una plaza cercana, el alcalde de la localidad, Hugo Palomares, ha anunciado que la denuncia ya ha sido presentada ante la Fiscalía.
La denuncia fue formalizada por Hugo Palomares y Ana Medina, quienes calificaron la exhibición como “un homenaje a un golpista y dictador”. Este suceso ha sido trasladado tanto al Ministerio Fiscal como a las autoridades competentes en memoria democrática.
El caso ha saltado a la primera plana de la información después de la denuncia en las redes sociales del periodista y tuitero Fonsi Loaiza, que se hizo eco de la denuncia que lanzó en X el fotoperiodista Santiago Botero. Esta noticia, además de convertirse en viral, ha saltado a nivel nacional, especialmente en cadenas de televisión.
Nuestra denuncia en @laSextaTV en @DebatAlRojoVivo – pic.twitter.com/D8O95Y2KMQ
— Santiago Botero (@dkobotero) August 20, 2024
Un día después de que saliera a la luz esta imagen, Hugo Palomares, alcalde de Bornos, y Ana Medina, vicepresidenta primera responsable del área de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, ambos pertenecientes a Izquierda Unida, han denunciado el acto, calificándolo como “un homenaje a un golpista y dictador”. Este suceso ha sido llevado al Ministerio Fiscal, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
En su denuncia, Palomares ha afirmado contundentemente: “La exposición de la bandera franquista es un homenaje a un golpista y dictador que, además de vulnerar la legislación en materia de memoria, atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo al reconocer en un espacio público al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos”. La gravedad del acto, según Palomares, radica en que se permite la presencia de símbolos que “no deberían tener cabida en un país democrático”.
Ana Medina también se ha pronunciado, destacando que “este tipo de actos son un desprecio a las víctimas de la dictadura franquista y al dictador responsable de al menos 114.226 civiles republicanos, la mayoría de los cuales continúan hoy desaparecidos”. Medina ha insistido en que “se trata de un acto consciente de reconocimiento a un genocida que inauguró 40 años sin libertades ni derechos” y que llegó al poder “a través de la violencia y el terror”.
Su mensaje es claro: “No merece ni el más mínimo reconocimiento por parte de nadie en un país democrático que debería rechazarlo públicamente”.
Este suceso ha alcanzado notoriedad en las redes sociales y ha sido recogido por medios nacionales, después de que un conocido periodista difundiera la denuncia en sus plataformas digitales. A pesar de la difusión y la indignación colectiva, la bandera sigue ondeando, lo que ha generado críticas sobre la lentitud con la que actúa la justicia en estos casos.
Izquierda Unida ha recordado que según la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su artículo 35, “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos asociados a edificios públicos o situados en la vía pública, en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura”.
La ley establece claramente que las administraciones públicas deben adoptar “las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”, pero la falta de acción hasta ahora pone en entredicho la eficacia de estas disposiciones.
Hugo Palomares ha subrayado que la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, contempla sanciones de hasta 10.000 euros para quienes incumplan el artículo 32. Sin embargo, la presencia de la bandera demuestra, según él, que “las sanciones no son suficientes si no se aplican con rigor y prontitud”.
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, ha señalado que “el error del golpe franquista en la Sierra de Cádiz es bien conocido”, y ha citado al historiador Fernando Romero Romero, quien documenta cómo “más de un centenar de personas fueron asesinadas en Bornos” durante los primeros días del golpe en julio de 1936, “muchas de ellas aún desaparecidas”.
Rodríguez ha enfatizado que “estos actos no deben quedar impunes ante la ley”, y que “no hacen más que dañar la memoria colectiva de quienes dieron su vida por defender el gobierno democrático de la II República”.
