La próxima licitación de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Andalucía supondrá un recorte drástico en los equipos técnicos del servicio. Dicha licitación afectaría en su totalidad a los trabajadores y las trabajadoras, así como a las personas usuarias del mismo.
Esto implicaría la falta de atención a las familias y menores en situaciones vulnerables, además de provocar el despido de trabajadores con derecho a subrogación. La reducción del personal y de la atención a las familias demandantes, sumado al mayor volumen de trabajo, provocaría que la adjudicataria del servicio se viera obligada a despedir a trabajadores.
La Junta de Andalucía pretende reducir a más de la mitad el personal en las sedes de las provincias de Cádiz, Sevilla y Jaén. Existe una gran preocupación laboral, ya que el servicio se ejecutaría con menos de la mitad de la plantilla actual, tal y como ha salido en la licitación, aunque esta ha sido paralizada por recursos de empresas de otras provincias andaluzas también afectadas.
Esta decisión de la Junta afectaría en un doble sentido. Por un lado, a los propios profesionales, que sufrirían despidos fulminantes, mientras que aquellos que continúen atendiendo el servicio verán duplicada su carga laboral con menos recursos. Por otro lado, afectaría a las familias y usuarios que dependen de este servicio (menores, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social…).
Menores y víctimas en riesgo
Los Puntos de Encuentro Familiar son esenciales para garantizar el cumplimiento de regímenes de visitas en casos judiciales complejos, incluyendo situaciones de violencia de género. Sin embargo, la reducción de personal pone en riesgo estos servicios fundamentales. Actualmente, existe un equipo completo por cada sede, localizadas en diferentes puntos de la provincia. Según los nuevos pliegos de la licitación, al establecerlo a nivel provincial, un solo equipo técnico compuesto por seis profesionales tendría que cubrir todas las sedes de la provincia. De este modo, se estaría incumpliendo lo establecido en el Decreto 79/2014, de 25 de marzo, que regula los Puntos de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía, concretamente en los artículos 24 y 25 correspondientes a la coordinación y el equipo técnico.
Esto llevaría al colapso de un sistema que está interconectado con instituciones como los Juzgados, el SAVA, el IAM, el Instituto de Medicina Legal, la Salud Mental Infantil, los Servicios Sociales, la Protección de Menores, entre otros. Del mismo modo, supondría un riesgo para los menores, las mujeres y las familias que están atravesando situaciones graves, y sobre todo para las víctimas de violencia de género que poseen medidas de alejamiento u órdenes de protección. Las derivaciones judiciales suelen estar relacionadas con casos de violencia de género, presuntos abusos sexuales, maltrato, menores con necesidades especiales, enfermedades mentales, adicciones, vulnerabilidad y exclusión social.
Los PEF no solo supervisan regímenes de visitas, sino que también aseguran el bienestar de los menores mediante visitas tuteladas, recogidas y entregas de los niños y niñas, y acompañamientos en casos excepcionales. Con la plantilla actual ya sobrecargada, la reducción a la mitad generaría listas de espera y retrasaría el cumplimiento de los dictámenes judiciales. Además, los propios trabajadores verían sus derechos laborales vulnerados, ya que mantendrían los mismos horarios, incluidos fines de semana y festivos.
