Estamos en pleno periodo de matriculación y elección de centros escolares y los colegios se afanan mostrar sus virtudes para lograr la mayor escolarización posible. De ello depende, en muchas ocasiones, la propia permanencia del centro.
Pero todos los colegios parece que no pueden usar las mismas armas. Algunos, incluso, hacen promociones con descuentos o beneficios a futuro. La Marea Verde Cádiz lo califica “práctcas mafiosas” y cree que son “ilegales e inmorales” por parte de algunos centros privados concertados en la provincia de Cádiz
El periodo de matriculación está abierto hasta el 31 de marzo y por momentos parece que estamos ante una suerte de caza de alumnado en la que todo vale. Pero no todo vale. Marea Verde Cádiz ha señalado que estos centros recurren a estrategias que califican de “mafiosas” para captar nuevos alumnos, poniendo como ejemplo el caso del colegio Salesianos de Jerez.
Según la denuncia de la plataforma, este centro privado concertado ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en ofrecer un pago de 20 euros a aquellas personas que recomienden el colegio a familiares o conocidos y consigan que estos matriculen a sus hijos en la institución. La plataforma compara esta práctica con las políticas comerciales agresivas de algunas compañías telefónicas, donde se incentiva a los clientes a atraer nuevos usuarios a cambio de una compensación económica.
Marea Verde Cádiz también ha puesto sobre la mesa la cuestión de las cuotas que los colegios concertados imponen a las familias. Según sus datos, los centros concertados de la provincia recaudan anualmente 5 millones de euros en estas cuotas, cifra que se eleva hasta los 6 millones cuando se incluyen los ingresos por el servicio de comedor escolar. Estas aportaciones, aunque son presentadas en muchos casos como “voluntarias”, están expresamente prohibidas por la legislación española desde la implantación del modelo de educación concertada en 1985, una prohibición que ha sido ratificada por la actual Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe).
A pesar de esta prohibición legal, Marea Verde advierte de que “el 80 % de las familias gaditanas abonan estas cuotas a sus centros”, lo que pone de manifiesto la falta de control sobre el cumplimiento de la normativa. En este sentido, la plataforma cuestiona el papel de la Delegación de Educación de Cádiz, liderada por Isabel Paredes, y de la Inspección Educativa, a quienes acusa de permitir estos “desmanes” sin tomar medidas para frenarlos.
“Resulta incomprensible cómo la Delegación de Educación de Cádiz y la Inspección Educativa no ponen freno a estos desmanes, de todo punto ilegales”, señala Marea Verde en su comunicado, en el que insinúan que esta permisividad podría responder a una estrategia más amplia para fortalecer la educación privada concertada en detrimento de la escuela pública.
La denuncia de Marea Verde Cádiz se enmarca en un contexto de continuas críticas hacia el modelo de financiación de los colegios concertados, que reciben fondos públicos mientras, según la plataforma, “siguen obligando a las familias a pagar cuotas ilegales”. La polémica en torno a este sistema de doble financiación ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones, pero hasta la fecha, según los denunciantes, no se han tomado medidas efectivas para erradicar estas prácticas.
Marea Verde insiste en la necesidad de defender la educación pública y en la importancia de que las administraciones competentes actúen con firmeza para impedir que los colegios concertados continúen con este tipo de estrategias. “No se puede seguir dopando a la educación privada concertada, cuyo fin último es el desmantelamiento de la escuela pública”, concluyen en su comunicado.
