El movimiento Marea Verde Cádiz critica y censura lo que considera una gestión inaceptable y negligente por parte de Juan Antonio Oliva Relinque, asesor técnico de Recursos Humanos en la Delegación Provincial de Cádiz.
En un duro comunicado, esta plataforma ha denunciado públicamente la labor de Oliva como el principal responsable de la falta de personal administrativo en varios centros educativos de San Fernando, una situación que consideran insostenible y que afecta directamente a derechos fundamentales de la ciudadanía.
El impacto de esta problemática no se queda en una simple acusación pública. Uno de los centros educativos afectados llevó el caso hasta la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, que ha admitido a trámite una queja formal por este motivo. Según lo denunciado, la ausencia de personal administrativo ha tenido un impacto directo en el funcionamiento de los colegios e institutos, dejando a estudiantes, docentes y familias sin acceso a servicios esenciales. Entre estos, destaca la imposibilidad de gestionar títulos académicos y certificados necesarios para trámites importantes.
La inacción y falta de soluciones por parte de los responsables institucionales en la Consejería de Educación ha derivado en una parálisis de servicios clave que, según Marea Verde, compromete los principios básicos de un Estado de Derecho.
Marea Verde no solo centra sus críticas en Juan Antonio Oliva Relinque. También apunta a José Joaquín Real Heredia, jefe del Servicio de Personal no Docente de la Consejería de Educación de Andalucía, como otro de los responsables de esta crisis administrativa. Según la plataforma, la actuación de ambos se caracteriza por una combinación de “incompetencia, chulería y prevaricación“. Estas acusaciones, graves y directas, reflejan el nivel de indignación de la comunidad educativa y las familias afectadas.
La denuncia señala directamente a los centros educativos más perjudicados por la falta de administrativos, una problemática que se prolonga desde hace meses. Entre los colegios afectados se encuentran:
- CEIP Puente Suazo
- CEIP Cecilio Pujazón
- IES Botánico
- CIFP Zaporito
En estos espacios, la ausencia de personal de administración ha limitado la capacidad de los centros para atender a su comunidad educativa. Trámites que antes se resolvían en ventanilla con agilidad ahora se convierten en un problema burocrático que aumenta el malestar entre docentes, estudiantes y familias.
Exigen responsabilidades
Ante esta situación, las acciones de protesta no se han hecho esperar. El próximo miércoles 27 de noviembre, la comunidad educativa de Cádiz se unirá a una jornada de concentraciones convocada por el sindicato USTEA. Esta protesta tendrá lugar en todos los centros educativos de la provincia y buscará visibilizar los problemas que enfrentan los centros escolares en materia de recursos humanos.
En el caso específico de los centros afectados en San Fernando, las demandas de la movilización serán claras y contundentes: la dimisión de Juan Antonio Oliva Relinque y José Joaquín Real Heredia. Según Marea Verde, ambos han mostrado una falta de compromiso con los derechos de la ciudadanía y su actitud ha agravado una situación que exige soluciones inmediatas.
Marea Verde ha sido particularmente incisiva al denunciar cómo estos problemas afectan a los derechos básicos de la ciudadanía. “No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de la dignidad y el trato que merecen las personas en un Estado de Derecho”, señalan desde la plataforma. La falta de personal no solo pone en riesgo la gestión educativa, sino que también transmite un mensaje de abandono institucional hacia las familias que confían en los servicios públicos para el desarrollo educativo de sus hijos.
Con el respaldo del Defensor del Pueblo y el apoyo de la comunidad educativa, las críticas hacia la gestión de Recursos Humanos en la Delegación Provincial de Cádiz no dejan de crecer. Además, esta situación podría sentar un precedente preocupante para otros centros educativos en Andalucía que enfrentan problemas similares.
Los próximos días serán cruciales para determinar si las autoridades dan un paso adelante en la resolución de este conflicto o si las protestas se intensifican en busca de respuestas. Lo que es indiscutible es que la comunidad educativa no está dispuesta a seguir tolerando una gestión que consideran desastrosa y carente de soluciones reales.
