Las entidades de atención temprana de Cádiz no pueden más. Este martes 5 de noviembre han visibilizado la situación límite que soportan por lo que consideran una infra financiación por parte de la Junta de Andalucía.
Cientos de personas, incluyendo a familiares, personas con discapacidad, cuidadores y profesionales, se han concentrado en la plaza de San Juan de Dios para exigir a la Junta una respuesta urgente ante la crisis de financiación que pone en riesgo la supervivencia de estos servicios esenciales.
Convocada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía), la movilización es solo una de las muchas programadas en el calendario de protestas que se extenderá durante todo el mes de noviembre en diversas ciudades de la región, con un mensaje central: basta de abandono a las personas más vulnerables.
Desde Cermi Andalucía, las críticas hacia el gobierno andaluz son contundentes. En un comunicado difundido antes de la concentración, la organización denunció que la falta de financiación adecuada “pone en riesgo la supervivencia de los centros y servicios que atienden a personas con discapacidad en la provincia”. La situación es tan grave que muchas entidades enfrentan una precariedad extrema, con riesgo de cierre debido a que los fondos recibidos no cubren ni siquiera los costos básicos de operación. En palabras de los organizadores, se trata de una “situación límite” que requiere soluciones inmediatas y estructurales.
La manifestación incluyó la lectura de un manifiesto en el que se subrayó la necesidad de contar con una financiación estable, que permita a estas organizaciones ofrecer atención de calidad sin depender de improvisadas inyecciones de dinero sujetas a la disponibilidad presupuestaria. “Es inaceptable que los servicios que atienden a las personas con discapacidad en Cádiz y en toda Andalucía vivan en una constante inestabilidad financiera, sin poder planificar a largo plazo ni garantizar la continuidad de sus programas”, afirmó uno de los portavoces de Cermi Andalucía durante la concentración.
Por una financiación sostenible
Uno de las principales reivindicaciones de la protesta es la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización automática de los costos, incluyendo los aumentos asociados al IPC y a las condiciones laborales de los profesionales del sector. Desde Cermi Andalucía se insiste en que este modelo no solo es necesario, sino urgente, ya que la falta de ajustes regulares ha provocado un desfase insostenible entre los costos reales de los servicios y la financiación recibida. “No podemos seguir dependiendo de parches o de aumentos puntuales que no responden a las necesidades reales”, se escucha entre los manifestantes, que reclaman una reforma estructural.
En el manifiesto leído en Cádiz, Cermi Andalucía también destacó la importancia de realizar un estudio profundo sobre el coste real del sostenimiento de los centros y servicios de atención temprana. Según explicaron, el objetivo de este estudio sería garantizar que la financiación cubra efectivamente los gastos de operación, permitiendo la sostenibilidad de las entidades a largo plazo. “Sin este análisis, seguiremos en manos de decisiones arbitrarias, sujetas a criterios presupuestarios que no reflejan la realidad de nuestro trabajo”, sentenció el comunicado.
El abandono de la Junta
La falta de un compromiso claro y decidido por parte de la Junta de Andalucía ha generado un clima de frustración y enojo entre las familias y los profesionales que dependen de estos servicios. Para muchas de estas personas, la política de la Junta refleja un abandono institucional hacia un sector que debería ser prioritario. Durante la concentración en Cádiz, varios de los asistentes manifestaron su indignación, denunciando que la falta de una financiación justa es un reflejo de la desatención hacia las personas con discapacidad en Andalucía.
“Nos sentimos completamente abandonados. Es como si la Junta de Andalucía se hubiera olvidado de que existimos”, declaró uno de los familiares presentes en la manifestación. “Estos servicios no son un lujo ni una cuestión secundaria; son esenciales para la calidad de vida de nuestros seres queridos y para su integración en la sociedad. La Junta está fallando en su deber de protegernos y apoyarnos”, añadió.
El malestar no es exclusivo de Cádiz. La concentración forma parte de una serie de protestas que están recorriendo la comunidad autónoma bajo la coordinación de Cermi Andalucía. A lo largo de noviembre, se esperan movilizaciones en Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería, con el objetivo de que el mensaje llegue a todas las instancias de poder en la región. “No nos vamos a detener hasta que se escuche nuestra voz. Exigimos una respuesta real y concreta”, afirmaron desde la organización.
La precariedad de la financiación no solo afecta a las personas con discapacidad y sus familias, sino también a los profesionales que trabajan en estos centros. La falta de un presupuesto adecuado significa, en muchos casos, condiciones laborales difíciles, con salarios que no se ajustan a la carga y responsabilidad del trabajo, y sin perspectivas de mejoras a corto plazo. La incertidumbre financiera genera, además, una alta rotación de personal, lo que impacta directamente en la calidad de la atención recibida por los usuarios.
Desde Cermi Andalucía se propone un modelo de financiación que no solo contemple la actualización conforme al IPC, sino también el incremento de los convenios colectivos de los trabajadores. “Es una cuestión de justicia básica. No se puede esperar que los profesionales del sector trabajen en condiciones de inestabilidad permanente mientras que las necesidades de las personas con discapacidad siguen creciendo”, explicaron los organizadores de la protesta.
La concentración de Cádiz ha sido un grito de desesperación, pero también de determinación. Las entidades y familias que asistieron a la manifestación tienen claro que esta lucha va más allá de la protesta puntual. Se trata de un llamado a la acción para la Junta de Andalucía, que tiene en sus manos la responsabilidad de implementar un cambio real que garantice una atención de calidad para las personas con discapacidad en la región. De no hacerlo, advierten los manifestantes, las consecuencias serán devastadoras: centros cerrados, familias desatendidas y una creciente brecha de desigualdad para un colectivo que, más que nadie, necesita el respaldo del Estado.
“La situación es insostenible y no vamos a detenernos hasta que se nos escuche. Si la Junta sigue ignorándonos, estará renunciando a su responsabilidad con miles de familias que dependen de estos servicios. Andalucía no puede permitirse esta desatención”, concluyeron los representantes de Cermi Andalucía en Cádiz.
