Alertan de un nuevo desahucio en Cádiz
Apenas 24 horas después del desalojo de Tamara Manzano y sus dos hijas menores en el barrio de Guillén Moreno, Cádiz vuelve a enfrentarse a un nuevo caso de posible desahucio. Tres familias residentes en el número 3 de la Plaza Fragela podrían ser desalojadas en las próximas semanas tras la compra del edificio por parte de una promotora que planea construir viviendas de lujo.
Según ha podido saber este medio, el bloque fue adquirido pese a que en su interior vivían cinco familias gaditanas en régimen de alquiler. Dos ya se han marchado ante la presión de la propiedad, pero otras tres siguen residiendo allí. Una de ellas, compuesta por una madre y dos hijos, vive desde hace una década en una de las viviendas y ha solicitado continuar con un nuevo contrato o mediante una compra. La promotora ha rechazado ambas opciones y, como alternativa, le ha ofrecido mudarse a una vivienda situada en un “barrio obrero de Sevilla”, lo que implicaría perder su empleo y romper con su entorno familiar.
Esta familia ha acudido ya tanto a la Delegación de Asuntos Sociales como a la empresa municipal Procasa, sin que hasta ahora haya recibido ningún tipo de asesoramiento, acompañamiento o respuesta. Desde Procasa, según denuncia, incluso se le habría sugerido que considerara mudarse fuera de Cádiz.
Este miércoles, ante la falta de alternativas, la afectada ha presentado un escrito en el Registro municipal solicitando una reunión urgente con el alcalde y los ediles de Vivienda, Asuntos Sociales y Urbanismo. En su carta, afirma que la situación le está afectando física y emocionalmente: “Llevo meses buscando una casa para alquilar en Cádiz, pero no encuentro nada con al menos dos habitaciones por menos de 800 euros, y mi nómina es prácticamente esa cantidad”.
“No he hecho nada malo. Nunca he dejado de pagar el alquiler, ni un solo mes, y llevo 10 años viviendo en una casa que está mejor ahora que cuando entré. Pero no me dejan seguir porque quieren vendérsela a otros”, lamenta.
La denuncia ha sido hecha pública por el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, que acusa al equipo de Gobierno de “mirar hacia otro lado” pese a que el Consistorio es conocedor de la operación urbanística, avalada por la Comisión de Patrimonio. La formación asegura que “el Ayuntamiento tiene herramientas para intervenir y evitar este nuevo desahucio, pero, como en el caso de Tamara Manzano, prefiere no usarlas”.