La delegada de Salud, Eva Pajares, en una imagen de archivo de reunión con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta

Así reacciona la Junta a la condena a Antonio Vergara: “La notoriedad del acusado no cambia los hechos ni el resultado judicial”

La Delegación de Salud en Cádiz expresa su satisfacción por la sentencia y afirma que cualquier profesional sanitario debe estar protegido ante situaciones de presión o intimidación, sin excepciones.

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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Consumo y su Delegación Territorial en Cádiz, ha emitido una valoración pública tras conocerse la sentencia que condena al médico jubilado y portavoz de Marea Blanca, Antonio Vergara, como autor de un delito leve de coacciones. La resolución, dictada por el juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, impone al acusado una multa de tres meses con una cuota diaria de 10 euros —900 euros en total— y el abono de las costas procesales. El fallo aún no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan al pasado 21 de junio de 2024, cuando Vergara irrumpió en una reunión de participación ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz. Según la sentencia, alzó la voz y se dirigió de forma enérgica a la directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Sira Morales, exigiendo una reunión con Marea Blanca y criticando su gestión. El juzgado ha considerado que esta actuación constituyó una forma de presión ilegítima e intimidatoria que alteró el normal desarrollo del acto.

Desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz se destaca que el fallo judicial demuestra que “los episodios de violencia en el ámbito sanitario pueden ser castigados, independientemente de su forma: agresión física, amenaza o insulto”, tal y como recoge la nota oficial.

En declaraciones remitidas a los medios, la delegada territorial de Salud en Cádiz, Eva Pajares, ha afirmado que “la notoriedad del señor Vergara no cambia los hechos ni el resultado judicial”. Y ha añadido con contundencia: “No hay nombres propios por encima del respeto institucional. Esto es una cuestión de principios”.

Para la responsable provincial de Salud, el fallo judicial “es un mensaje claro para todos los profesionales sanitarios del SAS”. En sus palabras: “Cualquier trabajador del sistema sanitario, sea cual sea su categoría, puede sentirse respaldado ante cualquier comportamiento que suponga una presión, una amenaza o un insulto”.

Pajares también ha querido destacar el papel institucional del SAS en este proceso: “El SAS ha actuado como debe actuar ante una situación de este tipo. Si hubiera sido un celador, un administrativo, un médico o un enfermero, la respuesta habría sido la misma”.

Finalmente, defendió que el hecho de que el acusado sea una figura reconocida no debe influir en el tratamiento del caso: “Que alguien sea más o menos conocido no justifica que se le mida con una vara distinta. El respeto al entorno sanitario debe ser igual para todos”.

Por su parte, Antonio Vergara ha manifestado que no comparte en absoluto el veredicto judicial y que ya está en marcha el recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. “El recurso está en marcha. No me parece justo ni adecuado”, declaró en su primera valoración pública tras la sentencia.