La conversión de este local en dos viviendas ha generado un conflicto vecinal en el número 15-17 de la Avenida de San Severiano.

Conflicto vecinal por la transformación de un local en viviendas en Cádiz

El vecindario de un inmueble denuncia posibles irregularidades en la transformación de un local en viviendas y emprenden acciones legales para frenar el proyecto

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La falta de vivienda en Cádiz está llevando a promotores e inmobiliarias a buscar soluciones para ofrecer pisos al mercado tanto de venta como de alquiler. Estas soluciones, no tan nuevas, pasan por la división de viviendas o por la conversión de locales y trasteros en viviendas.

Unas medidas que generan a veces problemas entre el vecindario de los bloques en los que se encuentran, sobre todo si la Comunidad de Propietarios tiene que dar luz verde al proyecto. Este es el caso que ha surgido en el número 15-17 de la Avenida de San Severiano, donde el vecindario no tiene claro el proceso que ha llevado a la conversión de los locales en viviendas.

Algunos residentes expresan su preocupación por que este cambio no haya contado con una autorización clara de la comunidad, lo que ha llevado a la presentación de acciones legales.

El conflicto se originó cuando la empresa propietaria del local, especializada en inversiones inmobiliarias, inició un proyecto para convertir dicho espacio en dos viviendas y cuatro trasteros. Según fuentes vecinales, este tipo de obras requeriría la aprobación de la comunidad de propietarios, ya que implicaría el uso de una zona común del edificio.

Sin embargo, algunos vecinos sostienen que el anterior presidente de la comunidad podría haber otorgado el permiso sin convocar una junta ni consultar a los propietarios, algo que están tratando de esclarecer. En la asamblea celebrada en noviembre de 2024, en la que se eligió un nuevo presidente, la anterior junta directiva podría haber reconocido que firmó la autorización en su momento sin requerir la opinión de la comunidad.

Esta afirmación habría generado malestar en el vecindario, que desde entonces han tratado de esclarecer la situación y, en caso necesario, frenar el proyecto si no cuenta con la aprobación legal correspondiente.

Votación en contra y acciones legales en curso

En la misma reunión, según relatan algunos propietarios, se llevó a cabo una votación en la que, por unanimidad, los vecinos se mostraron en contra de ceder la zona común necesaria para completar la obra. No obstante, las obras han seguido adelante, al parecer basándose en una autorización previa de la junta anterior.

Este caso ha cobrado especial relevancia en el contexto de la turistificación en Cádiz, un fenómeno que preocupa a muchos vecinos. Según explican, la comunidad ya había votado en contra de permitir nuevas viviendas destinadas a alquiler vacacional, por lo que temen que esta conversión pueda responder a una estrategia de este tipo.

Proceso legal en marcha

Para tratar de esclarecer la legalidad del proyecto, la comunidad de propietarios ha tomado medidas legales. Según fuentes vecinales, el administrador de la finca envió un burofax hace 15 días para solicitar información sobre la obra, y se ha informado de que en los próximos días se podría presentar una demanda formal.

Algunos vecinos han expresado su inquietud por la demora en estos trámites. Explican que desde noviembre de 2024 disponen de un acta donde se deja constancia de la oposición vecinal, pero la denuncia aún no se ha formalizado. El plazo del burofax venció el lunes, y algunos residentes temen que la falta de una respuesta rápida pueda favorecer la continuidad del proyecto.

Preocupación por la venta de las viviendas

Otro aspecto que ha generado inquietud es que, a pesar de que la situación aún no se ha resuelto, las viviendas y trasteros ya han sido anunciados para la venta. Esto ha llevado a algunos vecinos a preguntarse si el proyecto seguirá adelante antes de que se aclare la disputa legal.

Incluso hoy han aparecido anuncios en redes sociales con precios que han sorprendido a muchos: un piso de apenas 43 metros cuadrados por 215.000 euros y otro por 205.000 euros, mientras que los trasteros se venden entre 19.000 y 25.000 euros. Para los vecinos, estos precios son “una auténtica locura“ y refuerzan la idea de que este proyecto podría estar vinculado al fenómeno de la turistificación.

Búsqueda de apoyo institucional

Ante la incertidumbre, varios vecinos han buscado asesoramiento en el Ayuntamiento y han solicitado información a Urbanismo para aclarar la situación. También han intentado contactar con el propietario del local, pero, según afirman, este sostiene que posee un documento que le autoriza a utilizar la zona común, lo que ha generado discrepancias con la versión de la comunidad.

El conflicto sigue abierto, y los vecinos esperan que la intervención de la justicia ayude a determinar si la conversión del local en viviendas se ha llevado a cabo cumpliendo con todos los requisitos legales.