'Cumbre' en el Ayuntamiento a cinco días del desahucio de Tamara Manzano: “Ha sido una encerrona”
Se ha reunido con cuatro cargos municipales en un encuentro tenso que deja sin avances su situación a cinco días del lanzamiento
A solo cinco días del desahucio de la casa de Procasa en la que vive previsto para el 1 de abril, el caso de Tamara Manzano ha vivido este miércoles un nuevo episodio con una reunión en el Ayuntamiento de Cádiz.
Lo que parecía ser un encuentro con el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, se ha convertido en una auténtica “cumbre” en el despacho de Alcaldía, a la que han asistido el propio alcalde, Bruno García; la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán; y la abogada de la Oficina Antidesahucios, Maribel Bueso, exconcejala de Urbanismo durante el gobierno de Teófila Martínez.
Tamara, madre de dos hijas menores, ha acudido acompañada de una representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), a quien desde el Ayuntamiento confundieron inicialmente con su abogada. “Cuando supieron quién era salieron como para replantearse lo que decían”, explica Tamara. Durante el encuentro, tanto ella como la representante de Apdha aseguran que se reconoció que en Cádiz hay personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.
Lo que esperaba que fuera una reunión para avanzar hacia una solución habitacional, terminó siendo, en sus palabras, “una encerrona”. Según relata Tamara, el alcalde mostró evidentes signos de nerviosismo, “estaba como fuera de sí, incluso gritando”, y sospecha que la reunión pudo haber sido grabada por algún miembro del equipo municipal.
García, asegura, le repitió en varias ocasiones: “Lo que me pides es que me salte la lista”, a lo que Tamara insiste en que nunca ha pedido un trato de favor. “Lo que pido es una solución habitacional a mi situación, no un privilegio”, remarca. La representante de Apdha lo resumía así: “Nos hemos sentido como cuando de pequeña te llamaban al despacho del director”.
El contexto: semanas de presión, ataques y matices
Desde que Cádiz Directo publicara la historia de Tamara Manzano el pasado 11 de marzo, la presión social y política no ha cesado. Ese mismo día, el concejal de Asuntos Sociales se puso en contacto con ella. Días después, la oposición (PSOE, SUMAR, Adelante Izquierda Gaditana) exigió la paralización del desahucio y una solución habitacional digna.
El 14 de marzo, el alcalde habló por primera vez públicamente sobre el caso, defendiendo la ejecución del desahucio si no había alternativa dentro del marco legal, y asegurando que se había pedido su paralización. Ese mismo día, el PP acusó de “bulo” a a este medio por publicar esa información, a pesar de que las declaraciones del alcalde confirmaban ese planteamiento.
El lunes 25, Tamara acudió al Defensor del Pueblo Andaluz y relató la “sorpresa” del personal por su situación: el Ayuntamiento le había reconocido la vulnerabilidad pero no le ofrecía solución habitacional. El martes 26, este medio reveló la existencia de un Real Decreto en vigor desde enero que impide este tipo de desahucios cuando se cumplen ciertos requisitos —que Tamara cumple todos— y ni la abogada de Tamara, ni el Ayuntamiento, ni Procasa lo habían invocado.
Ese mismo día, la Asociación Pro Derechos Humanos exigió la paralización del lanzamiento y denunció que el Ayuntamiento había optado por llevar el caso por la vía penal, algo poco habitual en este tipo de situaciones.
La matización del Ayuntamiento
A raíz de la cobertura del caso, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado su única respuesta directa a Cádiz Directo, tras haberse limitado hasta ahora al silencio institucional y a matizaciones públicas. En esta respuesta, fuentes municipales insisten en que “Procasa no desahucia” y que desde junio de 2023 “no ha desahuciado a nadie” ni “se persona en los juicios por ocupación ilegal”. Aseguran que se limitan a denunciar por obligación legal y se desvinculan del proceso judicial iniciado contra Tamara, pese a que fue iniciado por la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento.
Con este posicionamiento, el Consistorio intenta distanciarse de la ejecución del desalojo, aunque en sus propias palabras reconocen estar obligados a iniciar los procedimientos judiciales, algo que ya señalaba el medio desde el primer momento y que ahora contradice la acusación de “bulo” que el PP lanzó en redes sociales y jaleó con hasta cuatro concejales implicados.
La cuenta atrás continúa
Mientras tanto, la única opción que se ha puesto sobre la mesa por parte del Ayuntamiento sigue siendo una pensión temporal sin fecha concreta, sin garantía ni documentación. Tamara ha insistido en que no se niega a aceptar lo que se le ofrezca, pero que necesita una alternativa real y estable. “No quiero ser okupa, quiero pagar un alquiler, pero no puedo permitirme uno como está Cádiz”, repite.
A cinco días del desahucio, la situación sigue sin resolverse. Y lejos de soluciones, Tamara denuncia haber salido hoy del Ayuntamiento con más angustia que certezas.