El Ayuntamiento de Cádiz sostiene ante el desahucio de Tamara Manzano: “Procasa no desahucia a nadie”
Fuentes municipales señalan que Procasa ya no se persona en los juicios por ocupación, a diferencia de lo que ocurría con Adelante
“Procasa no ha desahuciado a nadie desde 2023 ni va a desahuciar a nadie”. Así de rotundo se pronuncia el Ayuntamiento de Cádiz a días del lanzamiento del piso de Procasa en el que vive Tamara Manzano, una madre de 46 años dos hijas menores a su cargo y en situación de vulnarabilidad.
Con esta afirmación, desde el Consistorio se quiere matizar las publicaciones sobre quién es el responsanble del desahucio de esta mujer, que vive en un piso de Procasa que estaba vacío y que no le había sido asignado, según señala.
El Ayuntamiento de Cádiz ha trasladado hoy, 27 de marzo, por primera vez su versión oficial sobre el caso de Tamara Manzano a Cádiz Directo, pese a que desde este medio se solicitó su posición desde la publicación de la historia el pasado 11 de marzo. En los primeros días, fuentes municipales llegaron incluso a afirmar que desconocían el caso. Ahora, cuando el debate social y político ha ganado fuerza y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andallucía (Apdha) de Cádiz ha pedido la paralización del desalojo, el Consistorio rompe su silencio con este medio para asegurar que “Procasa no desahucia”.
En concreto, fuentes municipales indican que “Procasa no ha desahuciado a nadie desde junio de 2023 y ni siquiera se está personando en los procedimientos judiciales”, a pesar de que fue desde esta empresa pública desde la que se denunció a Tamara Manzano por la vía penal por ocupar una vivienda vacía. Añaden que “Procasa tiene la obligación legal de denunciar la ocupación ilegal de viviendas públicas porque lo contrario sería un delito”.
Esa afirmación coincide con lo que publicó este medio desde el principio: que Procasa, como empresa pública, tiene el deber de comunicar estas situaciones, pero que chocaba con que desde el propio Ayuntamiento se le hubiera pedido entregado a la juez adel caso un documento en el que se reconocía la vulnerabilidad de Tamara Manzano, una calificación que hubiera detenido el proceso.
Por tanto, con esta afirman desde el Ayuntamiento matizan las informaciones, e, implícitamente, reconocen otras cuestiones. La diferencia es que ahora el Ayuntamiento intenta desligarse del desahucio alegando que no ejecuta lanzamientos, aunque sí ha iniciado el proceso que ha desembocado en una orden judicial para el próximo 1 de abril.
Lo que no menciona el Ayuntamiento en su comunicado es que el propio alcalde, Bruno García, defendió públicamente el desahucio en rueda de prensa. Lo justificó como parte de un sistema de adjudicación basado en baremos técnicos, y afirmó que “no puede haber privilegios” para quienes ocupan viviendas públicas. Tampoco rectifica el Consistorio —ni tan siquiera lo menciona— el hecho de que el Partido Popular (partido del que el alcalde es presidente provincial) acusara a este medio de publicar un “bulo” por titular que el alcalde defendía este desalojo. Una acusación replicada y jaleada en redes sociales por al menos cuatro concejales y concejalas del equipo de Gobierno, que ahora queda en evidencia a la luz de las propias palabras de ests fuentes municipales y del reconocimiento de que se han seguido los cauces legales que activan el procedimiento judicial.
La cara de la vulnerabilidad
Tamara Manzano, madre de 46 años con dos hijas menores a su cargo, vive desde hace un año en una vivienda de Procasa en la barriada de Guillén Moreno. Tras una dura trayectoria marcada por el maltrato, la pérdida de su pareja y un proceso oncológico, entró en esta vivienda —que, según ella, no estaba adjudicada— con la intención de regularizar su situación y pagar un alquiler social. Fue ella misma quien contactó con Servicios Sociales y Procasa para pedirlo, señala.
Desde entonces, ha sido reconocida como vulnerable por el propio Ayuntamiento, ha entregado más de 200 firmas de apoyo vecinal y ha solicitado alternativas habitacionales. Sin embargo, el desalojo sigue previsto para el 1 de abril y, por ahora, la única propuesta del Ayuntamiento ha sido ofrecerle unos días en una pensión. Tamara ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y varias organizaciones sociales, como la Apdha, han exigido la paralización del desalojo en base al Real Decreto-ley 1/2025, que permite suspender los lanzamientos en casos como el suyo. A menos de una semana del desahucio, sigue sin una solución real.