El sueño frustrado de una VPO en Cádiz
Demandantes de Procasa denuncian condiciones inasumibles en las VPO de Los Chinchorros: “20 años esperando para que nos pidan una fortuna”
El acceso a una vivienda protegida en Cádiz se ha convertido en una meta inalcanzable para numerosas familias inscritas desde hace décadas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Procasa.
Afectados han denunciado las duras condiciones económicas que se les exigen para poder optar a una de las 55 VPO en régimen de venta a precio limitado que el Grupo Q construye en Los Chinchorros, en un edificio cedido por el Ayuntamiento.
Según denunciab a en redes sociales varias de las personas afectadas, estas familias han recibido una inesperada propuesta económica que incluye anticipos que llegan hasta los 70.000 euros a pagar en solo 13 meses, además de la contratación de una hipoteca para cubrir hasta el 80 por ciento de un precio final que en algunos casos asciende a los 290.000 euros. Las condiciones han provocado que muchas de estas familias, algunas con más de 20 años de espera en la lista de Procasa, se vean obligadas a renunciar a la vivienda que llevaban décadas esperando.
“Nos hicieron pensar que al fin llegaba nuestra oportunidad, pero nos piden un dinero imposible de reunir. ¿Quién tiene ahorrados 70.000 euros?”, lamenta uno de los afectados, que prefiere mantenerse en el anonimato en las declaraciones que realiza hoy a Diario de Cádiz. Su familia, con un menor a cargo y dos sueldos de entre 1.200 y 1.600 euros al mes, no ha podido hacer frente a los requisitos. “Para trabajadores como nosotros es inviable”, sostiene.
Los testimonios recabados por el periódico relatan cómo el Grupo Q, la promotora privada encargada de la gestión, exige pagos escalonados de entrada que superan los 60.000 euros, incluyendo una señal inicial de 3.000 euros, pagos posteriores de 27.000 euros y cuotas mensuales de 2.500 euros durante más de un año. A esto se suma la necesidad de contar con una hipoteca posterior y asumir el 20% que no cubre el préstamo bancario. Todo ello ha provocado el rechazo de muchas familias inscritas en Procasa, que denuncian haber perdido su oportunidad real de acceder a una vivienda protegida.
“Te presionan para firmar la renuncia”
“Cuando preguntamos por lo elevado de los precios nos dicen que están dentro de la legalidad y que se han acogido al máximo permitido por la Junta de Andalucía. Pero es que es inviable. No es una VPO para nosotros”, afirma otra afectada. Algunos incluso relatan que se les está instando a firmar una renuncia por motivos económicos bajo la advertencia de que si no lo hacen, constará como una negativa voluntaria que puede penalizarlos en futuras adjudicaciones.
Otra de las demandantes explica: “Nosotros llegamos a la reunión ilusionados, pero cuando nos expusieron las cifras supimos que no era para nosotros. Tendríamos que haber pedido un préstamo personal que luego impediría acceder a la hipoteca”. También muestra su preocupación ante el anuncio de que otras promociones en Puntales y Loreto seguirán el mismo modelo: “Si es así, se acabó nuestro sueño de tener casa en Cádiz”.
Críticas a la gestión municipal y la Junta de Andalucía
Los afectados denuncian la falta de implicación de Procasa en este proceso. “Procasa solo nos remite al Grupo Q y se lava las manos, pese a que el terreno es municipal y ha sido cedido por la propia empresa pública”, indican. Además, critican la contradicción del Ayuntamiento, que ha promovido campañas para frenar la pérdida de población en Cádiz mientras avala un modelo que expulsa a la clase trabajadora de la vivienda protegida.
Desde el PSOE, la concejala Natalia Álvarez ha señalado que esta situación es consecuencia directa del nuevo decreto de la Junta de Andalucía que fomenta la entrada de promotoras privadas en la construcción de VPO, amplía los límites de ingresos hasta 7 Iprem (4.200 euros) y permite liberar las viviendas a renta libre tras siete años. “Esto es facilitar la especulación inmobiliaria”, ha denunciado la edil socialista.
Mientras tanto, las familias afectadas se plantean constituir un colectivo para denunciar públicamente la situación y presionar a las administraciones a buscar una solución más justa y accesible.