El silencio del Ayuntamiento de Cádiz empuja al desahucio a una mujer víctima de violencia de género
Denuncia que, aunque le reconoció la vulnerabilidad y la empadronó por decreto, no tramitó el informe necesario para regularizar su alquiler
Una víctima de violencia de género tiene sobre ella una orden de desahucio por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cádiz, denuncia. Según indica es por algo tan sencillo como incomprensible: el Ayuntamiento no envió un simple escrito necesario para que la promotora pudiera regularizar su alquiler en la vivienda que ocupó. Algo a lo que la empresa está dispuesta.
Y eso que el propio Ayuntamiento de Cádiz le ha reconocido la vulnerabilidad y el mismo alcalde, Bruno García, le concedió, por la vía de un decreto, el empadronamiento en la vivienda en la que está mujer entró como ocupa cuando estaba vacía.
La ironía es aplastante. Por un lado, el propio Ayuntamiento de Cádiz reconoció oficialmente su vulnerabilidad. Por otro, el alcalde, Bruno García, firmó personalmente el empadronamiento en la vivienda que ocupa (aunque de manera irregular, como reconoce la propia afectada) mediante un decreto. Sin embargo, la Administración local no completó con el trámite que habría permitido a Lazora ofrecerle un contrato legal de arrendamiento. Al no recibir respuesta, la promotora se vio obligada a denunciarla.
Nuria había ocupado esta vivienda el 15 de agosto de 2022, apenas unos días después de verse obligada a abandonar la anterior, de la que fue desahuciada porque los propietarios decidieron destinarla a uso turístico. Sin alternativa y con sus hijos a su cargo, entró en este piso vacío que llevaba más de dos años desocupado, buscando simplemente un techo seguro.
Para proteger su identidad, por su condición de víctima de violencia, además de la fotografía de espalda, en esta información usaremos un nombre ficticio: Nuria. Cádiz notaba los efectos de una tromenta provocada por la borrasca del mismo nombre el día que hablamos con ella. Una tormenta que parecía acompañar la tempestad personal que arrastra desde hace años.
Este caso, lamentablemente, no es aislado. Es casi imposible no recordar el caso reciente de Tamara Manzano, desahuciada de un piso de Procasa en el que entró de okupa y que ha tenido que abandonar pese a que el propio Ayuntamiento le reconocía la vulnerabilidad. Nuria no puede evitar tampoco verse reflejada en esa historia. La secuencia es muy parecida: se reconoce la fragilidad de la persona, se firman algunos papeles, pero la solución nunca termina de llegar y el desahucio se convierte en el único desenlace.
En este caso, está fijado para el mes de septiembre. Pero la realidad es que no hay tanto tiempo. Tal y como ella misma señala, "es imposible encontrar un piso de alquiler en Cádiz, pero más aún hacerlo en verano. Y con la Semana Santa de por medio, que tampoco, queda poco menos de un mes".
Nuria ha recorrido todas las instancias municipales buscando una salida. Ha agotado incluso sus días de vacaciones plantándose en las puertas del Ayuntamiento, solicitando una cita con Bruno García, pero nunca fue recibida por ellos. Cuando Nuria, desesperada, logró cruzar unas palabras con el alcalde Bruno García, su respuesta fue desalentadora: "¿Y qué hago, señora? Yo llevo 80 días en el mandato". Una contestación que Nuria replicó con amarga contundencia: "Don Bruno, yo llevo ocho años, no ochenta días". "La verdad es que fue muy cortante, no me lo esparaba así", indica.
Sí consiguió ser atendida por la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, aunque su encuentro se saldó sin soluciones. Ni una respuesta efectiva, ni una propuesta de futuro; silencio administrativo, de nuevo, indica. Nuria comenta que la edil le dijo que le iba a escribir a la promotora, pero ni le dijo el contenido del mail que iba a mandar ni sabe si lo envió. Solo sabe que, poco después, la empresa le comunicó que tenía que denunciarla.
Es importante subrayar que el Ayuntamiento de Cádiz no ha sido quien ha ejecutado directamente el desahucio de Nuria. Sin embargo, su inacción ha resultado determinante para que se llegara a este desenlace. Bastaba con emitir el informe que Lazora necesitaba para formalizar el alquiler. Al parecer, no lo hizo.
La propia mediadora penal llegó a trasladarle que si abandonaba la vivienda antes del Carnaval, se retirarían las demandas y asumirían hasta el coste de la mudanza. "Vale, pero ¿a dónde?", insiste Nuria. Los alquileres en Cádiz son inasumibles para ella, y además necesita mantener a sus hijos cerca de sus colegios y de la familia. Moverse a San Fernando o Chiclana, como le sugirieron, es un riesgo y no es posible desplazarse para su trabajo.
La historia de Nuria no es reciente. Lleva años planteando su situación de vivienda ante el Ayuntamiento, ya desde el anterior equipo de gobierno. Con la actual Corporación es cuando se ha llegado a este punto crítico, por la falta de ese "visado" del que habla y la colaboración municipal que podrían haber cambiado este destino. A pesar de que la promotora se mostró desde el inicio dispuesta a regularizar la situación, la ausencia de ese trámite parece haber bloqueado todas las salidas.
Como sucedió con Tamara Manzano, cuya situación guarda tantas similitudes, Nuria ve cómo se le niega la posibilidad de regularizar una vivienda de protección oficial que llevaba vacía más de dos años antes de que ella entrara, afirma. Recordar el caso reciente de Tamara Manzano, desahuciada de un piso de Procasa en el que entró de okupa y que ha tenido que abandonar pese a que el propio Ayuntamiento le reconocía la vulnerabilidad. La historia se repite como un eco amargo.
Fue la propia Nuria la que se lo comunicó a la promotora, con sede en Madrid. "Y ellos han querido arreglarlo, quieren que me quede. De hecho, cambiaron puertas en la azotea y me dejaron mi llave en el buzón", pone como ejemplo.
La frustración de Nuria se agranda al ver cómo el Ayuntamiento destina recursos a otras prioridades. "200.000 euros para Semana Santa, pero a mí me ofrecen solo un albergue por diez días", lamenta. Además, recuerda que cuando fue a preguntar por el puesto que ocupa en la lista de vivienda pública, le dijeron que tener un empleo estable le penalizaba frente a otros casos. "Me llegaron a decir que si dejaba de trabajar subiría en la lista. ¿Y entonces qué como?", pregunta, entre la incredulidad y la indignación.
Su orden de lanzamiento está fijada para el próximo 25 de septiembre. Aunque ha conseguido prórrogas, la fecha se acerca y la incertidumbre se vuelve insoportable. Nuria cree que si el Ayuntamiento hubiera enviado a tiempo el informe requerido, hoy tendría un contrato firmado y un hogar seguro para sus hijos.
Mientras tanto, sigue adelante como puede. Afronta el día a día con la responsabilidad de mantener a su familia, resistiendo una situación que la ha puesto al límite. No pide caridad, solo un alquiler justo y la posibilidad de seguir adelante sin miedo. "Lo único que pido es una casa. No quiero vivir del cuento. Quiero pagar un alquiler que pueda asumir y dar estabilidad a mis hijos".