"No tener casa también es una forma de discapacidad": la concejala de Vivienda en plena oleada de desahucios en Cádiz
Ana Sanjuan ha publicado una entrada en sus redes sociales en este sentido esta semana
En unos días en los que se están produciendo y conociendo diferentes casos de desahucios en Cádiz en los que muchas de estas personas que tienen que abandonar sus casas apuntan al Ayuntamiento como uno de los protagonistas, por activa o por pasiva, la concejala de Vivienda, Ana María Sanjuán, ha echado un poco más de gasolina a este fuego.
Su reciente publicación en Facebook, donde afirmaba que "no tener casa también es una forma de discapacidad", ha sido duramente criticada por ciudadanos y colectivos que denuncian la creciente ola de desahucios en la ciudad.
Es al menos discutible una publicación en este sentido en estos días en los muchas personas están denunciando que son desahauciadas de sus viviendas con relación más o menos directa o indirecta con el ayuntamiento, pero llama también la atención la comparación que emplea para visualizar el que es, sin duda, uno de los grandes problemas de la ciudad.
La edil trataba de exponer que la falta de vivienda no es solo un problema económico, sino una condición que incapacita a las personas social, familiar y emocionalmente. Según defendía, la ausencia de un hogar limita la posibilidad de actuar, de relacionarse y hasta de cuidar de los seres queridos. Pero sus reflexiones suenen un poco huecas en este contexto del drama de los desahucios, en algunos casos con la participación o la omisión directa del propio Ayuntamiento.
Uno de los casos más recientes es el de Tamara Manzano, desahuciada junto a sus dos hijas menores de una vivienda pública en Guillén Moreno. Con lágrimas contenidas, entregó las llaves mientras gritaba que se iba "a la casa del pueblo, al Ayuntamiento". La ejecución del desalojo se produjo pese a que la APDHA solicitó la paralización por vulnerabilidad y aunque Tamara había entregado toda la documentación a tiempo. Las soluciones ofrecidas fueron tan precarias como insuficientes: diez días en una pensión y una vivienda privada de apenas 40 metros cuadrados que no se ajustaba a sus necesidades.
La historia se repite en Plaza Fragela, donde tres familias se enfrentan al desahucio tras la compra del edificio por una promotora que planea construir viviendas de lujo. A una de estas familias, residente desde hace una década, se le ha propuesto mudarse a un barrio obrero de Sevilla, rompiendo sus vínculos laborales y familiares. Han solicitado ayuda al Ayuntamiento y a Procasa, pero hasta ahora solo han encontrado silencio y evasivas. Es al menos discutible una publicación en este sentido en estos días en los muchas personas están denunciando que son desahauciadas de sus viviendas con relación más o menos directa o indirecta con el ayuntamiento...
El caso de Nuria, víctima de violencia de género, publicado esta semana por Cádiz Directo es igualmente alarmante. Reconocida como vulnerable por el propio Consistorio, la promotora del inmueble estaba dispuesta a regularizar su alquiler, pero el Ayuntamiento nunca envió el trámite necesario. "Vale, pero ¿a dónde?", responde Nuria con desesperación cuando le sugieren que abandone la vivienda. Su orden de desahucio está fijada para septiembre.
Frente a estas realidades, la declaración de la concejala parece reflejar un tanto de falta de sensibilidad y de conexión con los problemas reales de la ciudadanía. Es al menos discutible una publicación en este sentido en estos días en los muchas personas están denunciando que son desahauciadas de sus viviendas con relación más o menos directa o indirecta con el ayuntamiento... Mientras las familias vulnerables esperan respuestas reales, las palabras de Sanjuán se diluyen entre la indignación y la rabia de quienes aseguran que la Administración municipal les da la espalda.