Piden dimisiones en el equipo de Gobierno de Cádiz tras el desahucio de Tamara Manzano
AIG acusa al Ayuntamiento de “falta de humanidad” y de incumplir los protocolos de protección ante casos de vulnerabilidad
El desahucio en Cádiz de Tamara Manzano, la madre de dos hijas menores en sutuación de vulnerabilidad, ha sensibilizado a la sociedad gaditana y las reacciones al mismo siguen produciéndose. Manzano abandonó la vivienda de Procasa en la que vivióa este martes y esa noche durmió en el albergue de la calle Soledad.
Adelante Izquierda Gaditana exige la dimisión del teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y de la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, tras el desahucio de Tamara Manzano del piso de Procasa en el que estaba en el barrio de Guillén Moreno.
Tamara, que atravesó una situación vital muy dura —con antecedentes de maltrato, una operación por cáncer y problemas de vivienda previos— ocupó una casa vacía no adjudicada y desde el principio pidió al Ayuntamiento poder regularizar su situación a través de un alquiler social. A pesar de ello, el proceso judicial avanzó, incluso por la vía penal, y finalmente hoy se ha hecho efectivo el desalojo.
La coalición de izquierdas considera que los dos ediles han sido “incapaces de ofrecer una alternativa habitacional real y han hostigado a una madre vulnerable hasta llegar al triste desenlace del día de hoy”. Y lo han hecho, recuerdan, a pesar de que el propio Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido oficialmente su situación de vulnerabilidad ante el juzgado.
AIG denuncia que tanto Otero como Sanjuán han incumplido el protocolo que establece la obligación de conceder tiempo y proporcionar una solución habitacional en casos como el de Tamara, madre en exclusión, víctima de violencia machista, con problemas de salud y con dos hijas menores a su cargo.
“El Cádiz de Bruno García se está convirtiendo en una ciudad que pone alfombra roja a especuladores y constructoras de lujo mientras expulsa a las familias”, señala la formación en un comunicado. “Se les pedía tiempo y una alternativa no sólo desde esta formación, sino también desde los colectivos sociales y la propia afectada. Se les debería caer la cara de vergüenza”.
Desde AIG recuerdan que habían solicitado reiteradamente que se paralizara el desahucio y se buscara una solución digna. Lamentan que, en lugar de ello, el caso haya terminado con una madre desalojada, sin alternativa habitacional estable, y alojada de urgencia en un albergue en condiciones precarias.
Por último, advierten de que este caso marca un precedente: “El PP dejó una ciudad con más de 280 desahucios al año y, en menos de la mitad de un mandato, ya han vuelto los desahucios desde una vivienda municipal”.