Radiografía de la matriculación en Cádiz. Denuncian una estrategia de privatización encubierta
El sindicato USTEA señala que la Junta favorece a la concertada mientras asfixia a la pública con cierres de unidades, bloqueo de matrículas y devolución de fondos europeos
La oferta educativa para el curso 2025-2026 en Cádiz capital presenta un escenario profundamente desequilibrado. La educación pública retrocede, mientras que la red concertada mantiene su posición e incluso amplía líneas pese a contar con menos demanda. Así lo denuncia el sindicato USTEA, que acusa a la Junta de Andalucía de ejecutar una planificación que favorece la privatización encubierta de la enseñanza.
La campaña de matriculación, que concluyó el 31 de marzo, evidencia esta desigualdad: la red pública solo representa el 38,03 % de las unidades ofertadas en Infantil, Primaria y Secundaria, frente a un 61,97 % de la concertada.
La situación se agrava si se analiza por etapas. En Educación Infantil de 3 años, por ejemplo, se ofertaron 39 unidades para 477 niños y niñas. De estas, solo 17 corresponden a centros públicos, frente a 22 en la concertada. USTEA advierte que, de las unidades ofertadas, se prevé cerrar hasta 19, casi todas públicas, mientras que la concertada mantiene su oferta intacta.
La denuncia del sindicato se endurece al revisar las ratios: mientras la escuela pública sufre sobreratios en varias etapas educativas, la Junta de Andalucía no amplía unidades para aliviar la saturación. Centros públicos como CEIP San Felipe, CEIP Reyes Católicos o CEIP Fermín Salvochea están saturados, pero se les niega la posibilidad de abrir nuevas líneas. En cambio, centros concertados abren aulas completas sin que exista demanda que lo justifique.
El agravio no acaba ahí. USTEA señala que todas las aulas específicas de Educación Especial en Cádiz capital se encuentran en la red pública. La concertada no asume ninguna unidad de este tipo, lo que para el sindicato refleja una falta de compromiso de la red privada con la inclusión educativa.
Por si fuera poco, USTEA recuerda que la Junta de Andalucía ha devuelto el 87,5 % de los fondos europeos que estaban destinados a crear plazas públicas y gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años. De los 128 millones de euros asignados, apenas se ejecutaron 16 millones. Una pérdida de inversión que, según el sindicato, revela la falta de interés de la administración andaluza por reforzar la oferta pública en las etapas más tempranas de la educación.
Desde USTEA se señala directamente a los responsables de esta situación: Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; María del Carmen Castillo Mena, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; y María Isabel Paredes Serrano, delegada territorial en Cádiz. Según el sindicato, estas políticas no son fruto de la casualidad ni de la caída de la natalidad, sino de una estrategia calculada para favorecer a la educación concertada frente a la pública, incumpliendo la ley vigente.
La denuncia del sindicato gaditano pone de manifiesto que la llamada "libertad de elección" de las familias es, en la práctica, una falacia: si no se ofertan plazas públicas suficientes, la elección queda automáticamente restringida. Una privatización silenciosa pero efectiva que, según USTEA, pone en riesgo la esencia misma de la educación pública en Cádiz capital.